Por Gustavo Rodríguez
15 Septiembre 2024
ANTECEDENTE. La Justicia ya había advertido sobre la actuación de Rossi Colombo en un juicio por abuso sexual.
Perplejos. Así quedaron el psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo y su defensor Patricio Char cuando escucharon de la jueza Cristina Pozzer Penzo la acusación que pesa en su contra y que ya no sólo es de falso testimonio, sino de al menos otros cinco delitos más (se informa por separado). Si llegara a ser encontrado culpable, no sólo tendrá una pena de cumplimiento efectivo, sino que además se le suspenderá la matrícula profesional. El imputado negó todas las imputaciones y su representante legal dijo que analizará los fundamentos esgrimidos por la magistrada para realizar los planteos correspondientes.
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio cuando participaba de un almuerzo familiar en un paraje rural de la localidad correntina de 9 de Julio. La justicia ordinaria, cuando descubrió que se podría tratar de un caso de trata de personas, envió al expediente a la Justicia Federal que imputó a Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña de haber captado al pequeño y entregado al ex marino Carlos Guido Pérez y a su esposa María Victoria Caillava para que se lo llevaran a terceros. En tanto que el comisario Walter Maciel, que estuvo al frente de la investigación la primera semana, fue acusado de haber realizado maniobras de encubrimientos para que no se supiera que ocurrió con el pequeño.
Además, durante la pesquisa, surgieron otras irregularidades. Una de ellas es que por iniciativa de los abogados Alan Cañete y su pareja Elizabet Cutaia, con el aval del intendente de 9 de Julio Hugo Ynsarraulde, Camila Peña, hija de Laudelina, su hermana menor de edad y los niños que estuvieron presentes cuando Loan fue visto por última vez, fueron alojados en un hotel de esa ciudad. Por contacto con Ramón Dupuy, titular de la Asociación Lucio Dupuy, Rossi Colombo fue convocado para dar contención a los testigos.
Permaneció durante varias semanas en ese lugar al que llegó, según dijo, su madre le dio dinero para que comprara los pasajes de micro. Incluso, por decisión de Cañete, estuvo presente en una reconstrucción del hecho paralela que no fue autorizada por la justicia federal y tampoco puede ser considerada como una prueba de parte, ya que Camila Peña no está acusada de ningún delito. Cuando Pozzer Penzo se enteró de la situación ordenó que todos los testigos fueran retirados.
En la medida surgió un inesperado incidente. Personal de Prefectura Naval que debía hacer cumplir la orden se topó con Nicolás Soria, un misterioso hombre que dijo ser agente de la Interpol y que no permitiría el traslado de los testigos, por lo que se generó un incidente y “El Americano”, como se lo conocía en ese pueblo, fue demorado por atentado y resistencia a la autoridad.
La teoría
La jueza Pozzer Penzo, después de haber analizado todas las pruebas, decidió tomarle declaración como testigo a Rossi Colombo. Al haber incurrido en varias contradicciones, ordenó su detención por falso testimonio. Ayer, el profesional se sentó nuevamente frente a una computadora y escuchó la acusación en su contra vía Zoom.
Según la magistrada, Rossi Colombo, usurpando el título de psicólogo forense, junto a otras personas, habrían formado un grupo para buscar un beneficio económico con el caso. También cree que con su accionar y por su tarea de contención terminó influyendo en los testigos para que no contaran todo lo que sabían sobre la desaparición de Loan. Por último, consideró que mantuvieron a esas personas privadas de su libertad en el hotel.
PARALIZADOS. El psicólogo Rossi Colombo en un momento de la declaración como imputado que le tomaron ayer
El descargo
Según fuentes judiciales, el profesional negó todas las acusaciones en su contra. Aclaró una y otra vez que esta tarea la realizó ad honorem, que nunca recibió algún tipo de recompensa económica por haber estado a la par de los testigos, sí reconoció que recibió $100.000 por parte de Cañete para que cubriera algunos gastos que le generaban su estadía en 9 de Julio.
“Este trabajo lo hice con el alma”, habría declarado el profesional. Indicó además que él jamás se presentó como empleado de la Asociación Dupuy, sino que dijo tener contacto con su titular y que él lo había recomendado para que trabajara en el caso. También desmintió que haya buscado un rédito económico al dar entrevistas en los medios de comunicación, pero que sí participó porque consideraba que sería un beneficio para su carrera profesional.
Las fuentes también mencionaron que durante la declaración se vivió un momento de tensión. Fue cuando en el interrogatorio le cuestionaron que haya participado de algunas medidas sin autorización. “¿Qué podía saber yo sobre sus decisiones? Sí sabíamos que Cañete y Cataia viajaban todos los días a Goya para reunirse con usted”, le dijo a la magistrada.
Char explicó que su preocupación es asegurar un proceso justo y transparente para su defendido. “Es importante destacar que el licenciado contaba con las habilitaciones profesionales necesarias para realizar las tareas que se le imputan. Actuó de buena fe y sin conocer posibles irregularidades”, declaró
“Llama poderosamente la atención que, de entre todos los involucrados, la justicia parece estar enfocándose particularmente en Rossi Colombo, cuando sabemos perfectamente quiénes son las otras personas señaladas y tenemos pleno convencimiento de que ellas no tienen nada que ver con lo que se imagina la jueza”, declaró el profesional. “Esta situación genera serios interrogantes sobre la imparcialidad y el rigor con el que se está abordando el caso, ya que los demás implicados, que podrían tener mayor capacidad de influencia, no parecen estar siendo procesados de la misma manera”, añadió.
Los otros delitos
Lo acusan de no haber dicho toda la verdad por el trabajo que realizó. Podría recibir una pena de un mes a cuatro años y la inhabilitación del doble del tiempo de la condena para ejercer su profesión.
Haber actuado como psicólogo forense cuando no está habilitado a realizar esa tarea. El código contempla una pena de un mes a seis años para las personas que cometen este delito.
Podría haber realizado maniobras para que se destruyeran, ocultaran o alterar pruebas en el caso. Podría ser condenado a un mes o a cuatro años de prisión.
Lo sindican de haber divulgado información sensible del caso que terminó complicando la investigación. Las normas contemplan el pago de una multa y la inhabilitación de seis meses a tres años para ejercer una profesión.
Fue acusado de haber privado de la libertad a los testigos clave en un hotel de 9 de Julio. Podría recibir una pena de dos a seis años.
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