Por Gustavo Rodríguez
14 Septiembre 2024
La Justicia investiga el ataque que sufrió el ministro Pupilar y de la Defensa Washington Navarro cuando se dirigía al aeropuerto Benjamín Matienzo para viajar a Buenos Aires. Pese a que el hecho se mantuvo en reserva durante más de un mes, ayer no sólo se confirmó, sino que además quedó en medio de la investigación el clan Barreda, un grupo sospechado de dirigir la red de narcomenudeo más grande de Alderetes..
“El 30 de julio iba en el vehículo porque tenía un viaje. Camino al aeropuerto sentimos un golpe, pero no nos detuvimos. Cuando llegué al destino, mi chofer revisó el auto y encontró un impacto en la puerta delantera izquierda. Me consultó y le dije que denunciara lo sucedido”, fue la declaración que realizó Navarro Dávila en un comunicado que envió a LA GACETA.
Eduardo Rafael Cinquegreano, conductor del Ford Mondeo, se presentó en la comisaría de Alderetes para denunciar lo ocurrido. Ante los policías relató que ese día, a las 18.50, mientras transitaba hacia la aeroestación llevando al funcionario, a la altura del puente que lleva camino a Alderete sintió un impacto en la puerta del conductor. Al llegar al destino, descubrió que había sufrido un ataque, pero no precisó si le habían arrojado una piedra o efectuado un disparo. Tampoco aportó datos de las personas que concretaron el ataque.
La investigación
La investigación del caso quedó en manos del fiscal Mariano Fernández. La primera duda que se presentó fue con el informe pericial. Un especialista determinó que el daño podría haber sido ocasionado por una piedra. Pero al observar que la puerta tenía un orificio (similar al de un proyectil de bajo calibre) se solicitó que otro profesional hiciera el mismo trabajo. Tampoco aportó claridad, ya que en su informe oficial no pudo determinar si el daño que presentaba el auto era por un disparo o por una pedrada.
Mientras se analizaba esta cuestión, Fernández recibió la información de que al menos otras dos personas habían sufrido ataques similares en ese lugar, el mismo día y casi en idéntico horario. Sin embargo, estas víctimas no fueron coincidentes en afirmar si fueron atacados con piedras o a balazos. Lo único que fue confirmado es que el vehículo en el que se trasladaba Navarro Dávila no tenía ningún tipo de identificación del Ministerio Pupilar y de la Defensa.
“Esa es una zona peligrosa. Es común que desde los caseríos cercanos tiren cosas a los autos. Por eso normalmente hay policías o vigías municipales”, explicó Marcos Lencina. “A veces lo hacen para robar, pero otras, por dañinos que son. Es la manera que tienen de divertirse”, indicó el hombre que hace más de 20 años vive en la zona.
Por orden del jefe de la Unidad Regional Este, al mando de los comisarios Juan Pablo Gómez, Sergio Giménez, René Ramírez y Carlos Ruiz, por el testimonio de algunas personas, lograron identificar a dos sospechosos que, según les habían advertido, se trasladaban en un motocicleta con algunas características particulares que había sido vista en la zona donde se registraron los ataques.
Presentaron la información al fiscal Fernández, que pidió que se realizaran una serie de allanamientos en esa ciudad del este tucumano. El juez Fernando Zóttoli Ortiz autorizó que se concretaran las medidas.
El desenlace
Los efectivos se presentaron en tres domicilios del barrio 140 Viviendas. Uno de ellos resultó ser un “quiosco” de venta de drogas del clan Barrera, sospechado de dirigir una de las redes de narcomenudeo más importante de esa localidad.
El procedimiento generó un caos en el vecindario. Enterados de la presencia de los uniformados, los responsables de dirigir esa organización se presentaron en lugar y movilizaron a los vecinos para que impidieran realizar las medidas. Mientras se registraban los incidentes, los ocupantes de la vivienda arrojaron a la casa vecina una bolsa que podría haber tenido droga, pero cuando los efectivos fueron a buscarla, alguien se la habría llevado.
Con la intervención de un cuerpo de Infantería y de la Patrulla Motorizada de Alderetes, se controló la situación y se pudo realizar el allanamiento. Los policías encontraron un arma de fuego calibre 22, 41 gramos de marihuana y $185.000. También aprehendieron a Cristina del Carmen Albornoz (64), Luis Fernando (24) y Ricardo Damián Villalba (28) y Andrea Estefanía Rodríguez (31) que afrontarían cargos por comercialización de drogas.
Terror
Luis García vive en el barrio 140 Viviendas. Es uno de los pocos vecinos que no tuvo miedo de hablar. “Estos Barrera son capaces de hacer cualquier cosa. No me extraña nada. En Alderetes todo el mundo sabe quiénes son y qué hacen. Mis hijos se tuvieron que ir porque ellos se la habían jurado. Al principio le compraban drogas a ellos. Con la ayuda de Dios dejaron de hacerlo y, con el tiempo, ayudaron a otros chicos para sacarlos del infierno. Eso les molestó a ellos. Ahora están evangelizando en otros barrios”, explicó.
Fátima Rivadeneira, en cambio, aseguró que no sabía de ningún ataque contra un funcionario judicial, pero aclaró que el clan Barrera no le tiene miedo a nada ni a nadie. “Desde hace años hacen lo que quieren. Ellos ya cayeron por vender droga, pero ahora andan buscando quién haga lo mismo por ellos. Le pagan bien, pero no es nada a comparación a lo que ellos ganan”, finalizó.
Antecedente: la reacción de los fiscales por una llamativa amenaza
Miguel “Miguelón” Figueroa, el sospechado de narco, días antes de comenzar a ser enjuiciado por tres homicidios, fue acusado de publicar amenazas en las redes sociales contra de los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos que eran los encargados de sostener la acusación en dos juicios diferentes. En la primera audiencia de uno de los debates, los investigadores del Ministerio Público, se presentaron en la sala para apoyar a sus pares en lo que fue considerado como el primer ataque intimidatorio contra los funcionarios judiciales de una persona vinculada al narcotráfico. Figueroa fue condenado en los dos juicios y recientemente fue trasladado al penal de máxima seguridad de Marcos Paz.
Escándalo en Salta: recompensa para matar al procurador general
Cuatro días antes de que se conociera el caso del ministro Pupilar y de la Defensa Washignton Navarro Dávila, en Salta estallaba un escándalo que no tiene antecedentes en la justicia del NOA. El gobernador de Salta Gustavo Sáenz confirmaba que organizaciones criminales de esa provincia habían elaborado un plan para asesinar al Procurador General (equivalente al Ministro Fiscal de Tucumán) Pedro García Castiella. Luego, el mismo funcionario judicial confirmó que se había ofrecido una recompensa de U$S100.000 a la persona que atentara con su vida. Responsabilizó a personas vinculadas al tráfico de droga que aspiran a quedarse con las intendencias claves en la ruta narco.
Preocupación: “no está nada descartado, seguiremos investigando”
“La Policía y el Ministerio Público fiscal están trabajando para esclarecer este hecho. No podemos descartar ninguna posibilidad y seguiremos con la investigación”, explicó el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa en una entrevista con LA GACETA. El funcionario explicó que la causa se inició por las denuncias que realizaron el chofer del ministro Pupilar y de la Defensa y otras víctimas. “Después de una árdua tarea los policías lograron identificar a los supuestos autores del hecho y se hicieron los allanamientos correspondientes. Allí descubrimos ese centro de comercialización de drogas por lo que la investigación deberá continuar”, anunció.
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