Por Gustavo Rodríguez
12 Septiembre 2024
La Justicia, de una manera u otra, confirmó la legalidad del traslado de Miguel “Miguelón” Figueroa y de Maximiliano “Maxi” Abraham a penales de máxima seguridad de Buenos Aires. El tercero es Jorge Álvaro Quiroga, pero no trascendió si realizó algún tipo de planteo para volver a su provincia natal.
El viernes, con una orden judicial, los tres condenados fueron llevados a Buenos Aires. El lunes, según confirmaron fuentes judiciales, Fernández y Abraham fueron llevados al penal de Marco Paz, mientras que Quiroga que recibió una pena de 18 años, al de Ezeiza. Por su conducta fueron considerados como presos de alto riesgo y por eso los funcionarios del Servicio Penitenciario decidieron solicitar su traslado a las cárceles de máxima seguridad.
Macario Santamarina fue el primero en fracasar. El defensor de Fernández planteó un hábeas corpus argumentando que el informe que había elaborado el Servicio Penitenciario era falso y que se estaban vulnerando sus derechos. El juez Eduardo González desestimó el pedido y el profesional impugnó la resolución.
El caso de Abraham es diferente. Su abogado Víctor Padilla pidió una audiencia porque consideraba que se estaban vulnerando los derechos de “Maxi”. “La estoy pasando mal. Aquí nadie me quiere y ya andan diciéndome ‘tucumano vas a ser boleta’”, dijo el condenado por el doble crimen durante la audiencia que se desarrolló para escuchar sus reclamos.
Instalado en una sala especial del penal de Marcos Paz, Abraham solicitó que le permitieran comunicarse con sus familiares, que le entreguen su ropa y pertenencias que quedaron en la cárcel de Concepción. “Lo único que quiero es que me dejen hablar con mis parientes. No conozco a nadie aquí y realmente la estoy pasando mal porque sólo me dejaron traer lo que tenía puesto. Hace cuatro días que estoy con la misma ropa”, explicó. “También quiero que me entreguen los dos celulares que tenía, la mesa y las sillas, el equipo de música y el ventilador que tenía en Tucumán”, añadió.
Contacto familiar
La jueza de Ejecución Ana María Íacono después de escuchar los planteos ordenó que se le permita a “Maxi” tener contacto con sus parientes y que los elementos que reclamó sean entregados a sus familiares. Su defensor Padilla adelantó que en otra audiencia solicitará que sea trasladado a la provincia.
El ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa, reconoció que en Salta mantuvo contactos con los funcionarios del Servicio Penitenciario para estar al tanto de la situación de los trasladados. Indicó, además, que “Miguelón” pasó a engrosar la lista de más de 700 detenidos considerados como presos de alto riesgo al que se le rechazan planteos judiciales por sus nuevas condiciones de encierro. “No descartamos que en el futuro traslademos más reclusos por sus inconductas”, finalizó.
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