Es hora de desenchufar la motosierra

Nueve meses de espera. Todo un parto. En las estadísticas oficiales, la microeconomía no repunta. Las ventas minoristas en Tucumán bajaron un 15%. Sin embargo, en los dos últimos fines de semana, las cadenas de supermercados registran un repunte en sus niveles de venta. Las cajas comienzan a poblarse de consumidores, aunque el uso de la tarjeta de crédito está llegando a su límite. La población gasta a cuenta u observa que los precios no suben al mismo ritmo que lo hacían durante la primera mitad de este 2024 recesivo. La inflación, no obstante, acecha. La recuperación del poder adquisitivo del salario es lenta. No podrá equipararse a lo que ha sido la actualización de los precios (regulados y no regulados) que se observó desde mediados de diciembre pasado, apenas asumió Javier Milei a la Presidencia de la Nación. Pisarlos ha sido la estrategia del anterior gobierno, pero la economía siempre pasa la factura. Y ahora es el doble o el triple de lo que solía llegar. La clase media tradicional que queda en la Argentina (un 24% de la población, según mediciones privadas) sentirá el mayor impacto si no pasa el tamiz que la Secretaría de Energía de la Nación ha colocado con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Las distorsiones macroeconómicas tienen también un alto costo social. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) reveló, hace algunos días, que la pobreza alcanzó al 52% de la población urbana del país y que la indigencia trepó al 17,9%, durante el primer semestre del año. Se trata de la tasa semestral más elevada de los últimos 20 años. Para conocer, específicamente, cómo está la situación económica por distrito habrá que esperar hasta el jueves 26 cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informe oficialmente el dato de la primera mitad de este 2024. El aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo no escapa al deterioro del entramado social. El índice de pobreza rozó el 44% al cierre de 2023, con poco más de 400.000 ciudadanos que no pudieron reunir los ingresos necesarios para evitar caer en ese flagelo. Pero la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose. Al menos eso es lo que ha detectado la medición sobre Distribución del Ingreso al primer trimestre del año. Tomando en cuenta el ingreso familiar per cápita, el 10% de menores ingresos recibe 2,6% de los ingresos totales, mientras que el 10% de mayores ingresos concentra el 28,8% de aquel total. Si se toma el ingreso total familiar, la brecha es de poco más de 13 veces. Esto quiere decir que por cada peso que percibe un hogar perteneciente al decil de menores ingresos, un hogar del decil de mayores ingresos recibe 13,4 en promedio.

La vara se eleva. El Costo de la Canasta Básica Total (CBT), compuesta por los alimentos y los gastos esenciales del hogar, trepó a $ 732.664 para una familia tipo tucumana (matrimonio con dos hijos pequeños). Si ese grupo depende de un sueldo, difícilmente pueda reunir aquella suma. De hecho, a aquellas familias que han caído recientemente en situación de pobreza le falta entre un 30% y un 34% de ingresos para salir de ese estado socioeconómico. Las mismas estadísticas oficiales muestran que, por un lado, es cada vez mayor la población que decide emplearse sin ser registrado para acceder a una remuneración que, a su vez, no aumenta al mismo ritmo que el de una paritaria estatal. Casi la mitad de los asalariados del distrito están en negro, es decir, que jubilarse para ellos es una utopía, tanto como acceder a los beneficios de una obra social que, encima, no reconocen los descuentos en los medicamentos como ha sido una constante en los últimos años.

Por el otro, es creciente la cantidad de ocupados demandante de otro empleo. De acuerdo con los datos de la Dirección de Estadística de la Provincia, sólo en el Gran Tucumán-Tafí Viejo se computan 130.000 personas que buscan activamente otro trabajo para acrecentar sus ingresos, es decir, trabajar entre 10 y 12 horas al día. Para dimensionar el problema, esa cifra supera a la población de agentes de la administración pública provincial.

En medio de este escenario, el Gobierno apuesta a mejorar el consumo para apuntalar la economía, más allá del efecto recaudatorio. El Estado provincial inyecta cerca de $ 110.000 mensuales (concentrados en los primeros 10 días de cada mes) en salarios. Los comerciantes aguantan, pero no pueden escaparle a la recesión. Sólo como referencia de lo que está pasando en esa actividad, el mes pasado hubo 148 negocios que decidieron cerrar sus persianas o, en el mejor de los casos, trasladarse hacia otras zonas con menor densidad de tránsito de clientes. Un relevamiento empresarial, realizado en el cuadrante comprendido entre las calles Santiago del Estero, General Paz, Monteagudo (Entre Ríos) y Salta (Jujuy) demuestra que la cantidad de comercios que cerraron el mes pasado es superior desde que arrancó el sondeo, en junio pasado. Lo más llamativo es que, en gran medida, el CUIT del comerciante no fue dado de baja. Por eso, los referentes del sector privado interpretan que hubo una reconversión hacia “showroom” o bien cambiaron la modalidad de venta a on line, con el consiguiente “ahorro” en el costo de la energía y de la presión fiscal. Lo preocupante es que la economía se torna cada vez más oscura, por encima del 40% que solía ser el porcentaje de no registración de las operaciones.

El argumento que esgrime el sector privado es el movimiento de paquetes registrados por una de las empresas históricas que, por día, recibe 1.800 bultos por compras efectuadas por tucumanos y despacha cerca de 1.200 paquetes hacia otro destino. “No tributan Ingresos Brutos, cuando a nosotros nos castigan hasta con doble imposición y anticipos que, en algunos casos, no se recuperan”, se lamenta un importante hombre de negocios.

Regularización de activos

Más allá de este panorama, hay otro, un poco más alentador: la regularización de activos que impulsa el Gobierno nacional. De acuerdo con un informe de Adcap Grupo Financiero, los argentinos tienen como mínimo unos U$S 100.000 millones en 850.000 cajas de seguridad. Algunos banqueros instalados en Tucumán admiten que la operatoria está funcionando mejor de lo previsto, pero aclaran que todavía no admite punto de comparación, por el tiempo transcurrido, con el blanqueo impulsado, en el pasado, por la gestión del ex presidente Mauricio Macri. “Se está viendo mucho movimiento y apertura de CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos)”, admite uno de los referentes de la city local. Se trata de una cuenta bancaria especial que deben abrir aquellos contribuyentes que quieran regularizar dinero para el blanqueo de capitales. Caras chicas; caras grandes. Todo dólar es necesario para la administración de Javier Milei. Las reservas internacionales necesitan esas divisas para fortalecer su posición de respaldo. Según pudo establecerse, hay familias que se redistribuyen ahorros para que la regularización sea más amplia y, así, salgan a la luz esos activos que, por los vaivenes macroeconómicos de un país que se acostumbró a las crisis, permaneció debajo del colchón.

Como dijo el especialista en consumo Guillermo Oliveto, “todas las capas sociales se tuvieron que achicar. Hay una motosierra en la vida cotidiana transversal y vertical”. Es el momento de desenchufarla y de abrir la ventana a la esperanza de que todo se estabilizará en nuestra economía.