09 Septiembre 2024
La administración de Joe Biden intervino este lunes en el juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y le solicitó a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que postergue su decisión sobre el pedido de Burford Capital de cesión del 51% de las acciones de la petrolera en manos de la Argentina como garantía de pago, mientras que transcurre el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
El Departamento de Justicia estadounidense quiere presentar su opinión en el tribunal antes del 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales.
“El Gobierno de los Estados Unidos pide a la Juez Loretta Preska que NO publique su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. El Departamento de Justicia de los EE.UU. pide presentar una opinión antes de 6 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales”, tuiteó en X, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios contra el país en el exterior.
En ese sentido, en una carta enviada a Preska, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, informó que el Departamento de Justicia evalúa realizar una Declaración de Interés en el caso.
“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto de la moción pendiente de orden judicial y entrega”, señaló la misiva, por lo que le solicitó a Preska que retrase su decisión.
Los demandantes los fondos Burford e Eton Capital, ganaron el juicio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, en primera instancia. Y solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar el 51% de su participación en la petrolera como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido, dado que, argumentan, la Argentina violó acuerdos previos con los accionistas al nacionalizar la empresa sin respetar las condiciones establecidas, lo que, remarcan, derivó en pérdidas significativas para los inversores.
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