Por Juan Manuel Montero
09 Septiembre 2024
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
En una audiencia que duró pocos minutos, los miembros del Tribunal Oral Federal decidieron que la fecha del próximo debate será el 23 de septiembre, y habrá una nueva el 25 para avanzar con la gran cantidad de testigos propuestos en el marco del juicio que se desarrolla contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán Juan Alberto Cerisola y otros funcionarios de la Casa de Altos Estudios.
El debate que se inició a fines de mayo viene atravesando problemas de agenda a caballo de las vacantes en el TOF, actualmente integrado por tres jueces subrogantes de otras provincias, e incluso un suplente también foráneo. Esto lleva a que no se pueda realizar audiencias todas las semanas ya que los jueces, en este caso Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez, deben además atender sus propios casos en sus jurisdicciones. Hace 10 días se dio el problema de que uno de ellos se enfermó y no hubo audiencia. La de hoy fue casi de urgencia ya que no pueden pasar más de 10 días hábiles entre debate y debate o el juicio caería. Hoy ninguno de los jueces estuvo de manera presencial: lo hicieron vía zoom y lo único que se hizo fue saber quiénes serán los próximos testigos propuestos, y si alguna de las partes desistía de algunos de ellos.
La semana pasada el fiscal Pablo Camuña había advertido de las complicaciones no sólo de este juicio sino los que deben desarrollarse por crímenes de Lesa Humanidad o por otros delitos ya que los jueces subrogantes también tienen sus agendas abarrotadas por la cantidad de trabajo.
El ex rector de la UNT está acusado por administración fraudulenta de regalías mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009. También son enjuiciados sus ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. A Cerisola la Justicia lo acusó de administración fraudulenta contra la administración pública (incumplimiento de deberes de funcionario público), respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la ley nacional de obras públicas.
Hoy el presidente del Tribunal, Basbús, le pidió disculpas a las partes por los inconvenientes y luego fijó fecha de audiencia para el próximo lunes 23 de septiembre.
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