Falta de espacio y vacantes atentan contra la entrada en vigencia del Código Procesal Penal federal

El nuevo Código Procesal Penal Federal que ya se viene implementando en otras provincias como Salta, Jujuy, Santa Fe o Mendoza sólo comenzaría a entrar en vigencia a mediados del año que viene en Tucumán, entre otras cosas porque en nuestra provincia la Justicia Federal aún no está preparada, sobre todo en infraestructura, para enfrentar un cambio de tamaña naturaleza.

¿En qué consiste la implementación de esta reforma? En primer lugar se propone dejar atrás el modelo inquisitivo actual, e instaurar un sistema acusatorio-adversarial, caracterizado por la independencia, transparencia, y celeridad de las decisiones judiciales. En segundo lugar, esto promueve una separación clara entre la función de investigar y adjudicar los delitos, ya que pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal el control de la acción penal pública, mientras que limita el rol de los jueces al juzgamiento de los delitos y la protección de las garantías del imputado. Al mismo tiempo, consagra la plena oralidad en la toma de decisiones, lo que contribuye a un accionar transparente y ágil de los actores del sistema de justicia.

“En fila de espera”

En el programa LG Play, el fiscal federal Pablo Camuña advirtió que se enfrentan a un cambio profundo: “Tucumán está en la fila de espera; ahora empezó Mendoza, se supone que antes de fin de año será Neuquén. y nosotros sería a mediados del año que viene para llevar a cabo esta implementación”. El funcionario sostuvo que “es un desafío enorme para todos, para el MPF más, ya que la fiscalía pasa a ser protagonista de las investigaciones lo que implica que es el doble de trabajo”. Camuña afirmó que hoy “hay un cúmulo de audiencias a las que no se les puede dar respuestas ya que no hay formas de asumirlas”, y habló entre otras cosas de los problemas que están sufriendo, sobre todo por las vacantes.

Camuña es el representante del MPF ante el Tribunal Oral Federal que, por ejemplo, viene sosteniendo dos juicios muy importantes con todos vocales subrogantes, dos de Santiago del Estero y uno de Catamarca ya que el TOF no tiene vocales titulares por la jubilación a la que se acogieron, en distintos momentos, todos sus miembros. “Es una dificultad bastante grande hasta para fijar fechas de juicio. Los jueces subrogantes además deben atender los casos de sus propias jurisdicciones. Así se complica todo”, dijo el fiscal. Actualmente, por ejemplo, se debieron suspender audiencias del proceso que se sigue contra el ex rector de la Universidad Juan Alberto Cerisola por la causa de los fondos de YMAD ya que uno de los vocales se enfermó.

El tema de las vacantes es uno de los que más preocupa en el seno de la Justicia Federal. Es que, por ejemplo, en los dos juzgados federales de la provincia está interviniendo un sólo juez, José Manuel Díaz Velez, ya que el otro está vacante desde que Fernando Poviña fue ascendido a la Cámara de Apelaciones, única instancia que tienen a sus cinco integrantes titulares. Luego hay vacantes en el Ministerio Público y en el de la Defensa, además de en el TOF, como ya se explicó.

Diez años de espera

El problema es aún mayor ya que en Tucumán está creado en juzgado federal N° 3, pero no funciona. Justamente la semana pasada el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina afirmó que la puesta en funcionamiento de ese juzgado es una deuda con la sociedad tucumana y recordó que el mismo se creó hace más de 10 años. “Esto afecta a la sociedad tucumana toda, por no contar con las oficinas judiciales en cantidad adecuada para responder a sus necesidades”, dijeron. Aseguraron que la creación de este tercer juzgado “respondió al elevado número de causas que se tramitaban ya en ese entonces (2013) en los dos juzgados federales existentes. Hoy, 10 años después, con un total de 90.041 causas en trámite nos encontramos con un nivel de litigiosidad que ameritaría la creación de un cuarto juzgado”. “Esta demora repercute directamente en la vida de todos los tucumanos: las causas de narcocriminalidad, de trata de personas, de materia previsional, civil y laboral de competencia federal podrían ser resueltas con mayor agilidad si es que se contrata con este nuevo juzgado ya en funcionamiento”, informaron. Y agregaron: “así, tenemos una sobrecarga de múltiples causas que recaen en la cabeza de un solo magistrado por juzgado, dado el carácter multimateria que caracteriza a los juzgados federales: por un lado esa sobrecarga laboral es soportada por quienes trabajan como agentes en los juzgados 1 y 2, y por el otro, la puesta en marcha de el juzgado 3 significará la creación de 58 puestos laborales”. Según su explicación, actualmente el principal inconveniente es la falta de espacio físico: no hay lugar para que este Juzgado se instale en el edificio de calle Las Piedras 418, donde funciona la Cámara Federal, los otros dos juzgados federales, tres fiscalías y una defensoría”. Afirmaron que actualmente tramitan ante el Consejo de la Magistratura dos expedientes, uno del año 2015 y otro del 2019 en el que se solicitó tanto la compra como el alquiler de algún edificio donde pueda funcionar este juzgado sin ningún tipo de respuestas. Por ello, dijeron, “la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal resulta de imposible cumplimiento en esta coyuntura”, por lo que exhortaron a las autoridades del Consejo, a los representantes de Tucumán ante el Congreso de la Nación y a la misma provincia a hacer las tratativas correspondientes para que el Juzgado Federal N ° 3 comience a funcionar lo antes posible.