Por Federico Türpe
07 Septiembre 2024
La crisis del transporte público en la provincia lleva más de 20 años, pese a que sólo cuenta con ómnibus y taxis. Esta provincia carece de trenes urbanos, trolebuses, red de ciclovías y otras opciones. Colectivos en mal estado, escasos, que no cubren toda la superficie metropolitana y que no están integrados entre municipios: un estudiante de Yerba Buena debe tomar dos ómnibus para ir a la Quinta Agronómica, ubicada a sólo 40 cuadras de Marcos Paz, y ni hablar de las conexiones entre el este y el oeste de la ciudad, con muy pocas alternativas.
Entre los taxis, el otro “transporte público”, existe un gran porcentaje de ilegalidad, además de los autos rurales informales y los autos de alquiler de las ciudades que rodean a la capital y que son un verdadero libre albedrío.
La recolección y tratamiento de residuos atraviesa por un escándalo financiero, pese a que el Consorcio de la Basura es un proyecto bastante positivo, y la expansión de las zonas de riesgo de inundaciones van creciendo entre el piedemonte y el río Salí, a causa de la urbanización desordenada.
El tránsito es un pandemónium por varias razones: violaciones masivas a las reglas de tránsito que no se controlan ni castigan lo suficiente, carencia de vías rápidas y calles en buen estado, híperconcentración de actividades en el microcentro y un parque automotor explotado. Esto hace que la lentitud de traslado sea exasperante y, por ejemplo, que un vecino de Tafí Viejo o de Yerba Buena tarde en horarios pico más de una hora para llegar al aeropuerto, un tramo de apenas 15 kilómetros en línea recta, y más de 45 minutos hasta la terminal.
El desarrollo urbano está disociado entre municipios y comunas, cada cual con sus propias normas, a veces contradictorias en pocas cuadras de distancia, y no existe una política ambiental y del tratamiento del suelo uniforme en el Gran Tucumán.
La seguridad depende del azar, de la locación, con zonas liberadas o directamente olvidadas, lo mismo que con los servicios de salud y de educación. Las Talitas, por ejemplo, con 90.000 habitantes, cuenta con sólo ocho escuelas, cuatro públicas y cuatro privadas, y apenas cuatro Caps, lo que hace que un vecino deba viajar 20 cuadras o más para llevar a sus hijos a clases o para ver un médico, y con escasas opciones de colectivos.
Estos son sólo algunos de los problemas del Gran Tucumán, entre otra decena de necesidades y servicios básicos insatisfechos.
Una de las principales causas, además de las sucesivas incompetencias políticas y de una alarmante falta de inversiones, es que él Área Metropolitana Tucumán (AMET), que ocupa una superficie de unos 300 kilómetros cuadrados y tiene 1,2 millones de habitantes, está gobernada por 13 administraciones desconectadas: la Provincia; seis municipios (Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas); y seis comunas (El Manantial, San Pablo, Cebil Redondo, San Andrés, San Felipe, y Santa Bárbara). Son 14 administraciones si se suman las competencias nacionales, en edificios, rutas, parques, universidades o predios ferroviarios, y el número de comunas se amplía a unas 20 si agregan aledañas como Los Nogales, Villa Nougués, San Javier, Cevil Pozo, Delfín Gallo, Colombres o La Florida, entre otras, más la ciudad de Lules que quedará anexada en poco más de un quinquenio.
Son más de 30 “gobiernos” para conducir -y chocar- la misma ciudad.
Sólo hay que copiar los éxitos
En base a este diagnóstico de ribetes catastróficos y sin sostenibilidad a futuro, el legislador Manuel Courel (UCR), ex jefe de Gabinete de Yerba Buena durante la gestión de Mariano Campero, elaboró junto a su equipo técnico un proyecto de ley para la creación del Ente del Área Metropolitana del Gran Tucumán (AMET), con el fin de “brindar soluciones integrales a las necesidades surgidas por la conurbación metropolitana del Gran Tucumán y las poblaciones que la conforman”.
El legislador, que integra la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, adelantó que el proyecto será presentado una vez que reúna los consensos necesarios, y cuyo objetivo es avanzar sobre la quinta ciudad del país con un plan que ya es tendencia nacional y mundial para resolver los problemas de las gobernanzas metropolitanas. Para ello estudiaron casos probados como el del Ente de Coordinación de Santa Fe (2016), el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana del Gran Córdoba (2022), la Unidad de Proyectos Especiales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (2012), y el Unicipio del Área Metropolitana del Gran Mendoza (2016).
Aunque no está citado en el texto del proyecto, otro caso nacional exitoso es el del ECOM (Ente de Coordinación Metropolitana) del Gran Rosario, que conforman 12 municipios y 19 comunas, en un área de casi 2.200 km² donde residen 1,5 millones de habitantes.
Gracias al ECOM se lograron importantes avances en soluciones de ordenamiento territorial, movilidad urbana y transporte público, tratamiento de residuos, medio ambiente, seguridad, recuperación de la costanera del Paraná, entre otros asuntos clave para coordinar tantas administraciones en una misma ciudad.
En su artículo segundo, el proyecto de Courel estipula que “el AMET es una entidad autárquica del Estado Provincial y con plena capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado” y que “se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior o del organismo que lo reemplace”.
Estará conformado por los seis municipios y las seis comunas del Gran Tucumán, además de la Provincia, y los municipios y comunas aledaños o no que quieran suscribir acuerdos específicos.
Entre sus facultades, el AMET podrá establecer deberes y obligaciones a sus integrantes; planificar y coordinar políticas de integración y desarrollo metropolitano; compatibilizar las normativas; promover obras y servicios públicos de interés común; formular políticas en materia de transporte y movilidad, distribución del agua, tratamiento y disposición de efluentes cloacales e industriales, cursos, canales de agua y puentes, prevención de anegamientos, espacios verdes, residuos sólidos, y también en materia de seguridad y de toda política que tienda a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Se propone además reunir y organizar información del AMET, producir estadísticas y datos y constituir o integrar fideicomisos, consorcios o cualquier otra figura asociativa, entre otras facultades e incumbencias.
Estará dirigido por un Consejo de Gobierno conformado por todas las localidades que lo integran y sus miembros no recibirán remuneración alguna.
Courel explicó que habrá una primera línea ejecutiva integrada por un directorio de tres miembros y cuya presidencia se renovará anualmente y una segunda línea 100% técnica, a cuyos cargos se accederá sólo por concurso.
Pedes in terra, ad sidera Barcelona
“No pretendemos ser Barcelona de un día para el otro, pero es un primer paso necesario. Es preferible avanzar sobre lo posible antes que pensar en lo ideal y fracasar”, aclaró el legislador.
Cuando se refiere a Barcelona es porque en materia de gobernanza metropolitana esa ciudad catalana es un faro y un ejemplo mundial.
El Área Metropolitana Barcelona es una organización supramunicipal con mucho poder, que define las macropolíticas en decenas de temas comunes para 36 municipios y casi 4 millones de habitantes, como ser cohesión social, planificación territorial y urbanismo, movilidad, transporte, gestión de residuos, suministro de agua, medio ambiente, vivienda social, infraestructuras y promoción económica del territorio.
Los españoles iniciaron este camino en la década del 70, aunque la organización metropolitana fue reformulada varias veces, hasta que logró su constitución actual, en 2011.
Las principales obras y avances urbanísticos de las últimas décadas en Barcelona se lograron por medio de este consorcio, y hoy es considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo.
El AMET también podría simplificarse con un Ministerio del Interior moderno, aggiornado a los tiempos actuales y con menos injerencia político-partidaria, pero curiosamente esta cartera no se ocupa de los asuntos metropolitanos, pese a que en esta mancha urbana reside el 70% de los tucumanos, la mitad de los cuales no son “capitalinos”.
El Ministerio del Interior, hoy a cargo de Darío Monteros, cuenta con cuatro secretarías, cuatro subsecretarías y 17 direcciones, además de una veintena de reparticiones de segunda y tercera línea.
Cuando se revisa la “misión” de cada una de estas 25 oficinas del Ministerio, se descubre que al menos 15 cumplen con casi las mismas funciones de lo que podría ser una “Secretaría de Coordinación Metropolitana”, si existiese: 1) Secretaría de Estado de Municipios y Comunas, 2) Subsecretaría de Municipios y Comunas; 3) Dirección de Asuntos Comunales; 4) Dirección de Promoción y Desarrollo para Comunas; 5) Dirección de Relaciones Municipales; 6) Secretaría de Estado de Relaciones Interinstitucionales; 7) Dirección de Relaciones Interinstitucionales; 8) Dirección de Promoción y Desarrollo Social de Comunas; 9) Subsecretaría de Coordinación; 10) Dirección de Coordinadores; 11) Dirección de Interior; 12) Secretaría de Estado de Grandes Comunas; 13) Dirección de Grandes Comunas; 14) Subsecretaría de Fiscalización y Control de Gestión; 15) Dirección de Fiscalización.
Mejor no dar ideas porque en cualquier momento se crea la repartición 26 en ese Ministerio, donde obviamente ningún cargo sería concursado y todos se ocuparían con favores políticos y familiares, por lo que su ineficiencia se adivina de antemano.
Si proyectamos esta ineficaz telaraña burocrática a los 12 municipios y comunas del AMET, más la Provincia y la Nación, se hace difícil pensar que el proyecto de Courel pueda prosperar. Demasiadas oficinas y cargos hereditarios podrían ver acotados sus cotos de poder, de poder hacer poco y nada para que algo empiece a cambiar.
Porque como dijo ayer un concejal sin ponerse colorado, a propósito del descalabro del transporte público: “Hemos tocado fondo; llegó la hora de buscar una solución”. Algo que nunca nadie dijo ni pensó en 20 años de crisis.
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