El conflicto de transporte que se debió evitar

Superada momentáneamente la emergencia causada por los despidos de empleados de las empresas de transporte y por la restricción de servicios y el paro de choferes, habrá reuniones la semana próxima para analizar los puntos básicos para resolver los asuntos pendientes. Las tensiones se aplacaron pero el necesario análisis de lo que ha sucedido ha de implicar considerar el impacto que ha tenido esta protesta en la sociedad y lo que se podría haber hecho para que no se llegara a esta situación que resquebraja profundamente las actividades cotidianas en la sociedad y las falencias de la gestión política para evitarlo.

El problema del transporte urbano arrastra problemas estructurales desde hace mucho tiempo. Declarado en emergencia hace seis años, con concesiones precarias, con disminución de la cantidad de colectivos en la Capital (hay 414 coches, de los cuales 137 son unidades con más de 10 años de antigüedad) y con precarización del servicio, el ya agrietado sistema de subsidios explotó con la decisión de la Nación de no seguir sosteniendo el transporte público.

La ecuación subsidios-tarifas-costos se distorsionó en el proceso inflacionario y dejó de ser una variable útil para transformarse en un factor de conflicto constante. Ya en los últimos años no se daban las discusiones entre empresas, choferes, municipalidad, provincia y usuarios vinculadas con la prestación del servicio y el valor del pasaje.

Sólo hubo presiones por aumentos de costos, salarios y deterioro del servicio y sustos de la provincia para sustentar toda la masa de subsidios. En los últimos meses, se habían aventado las crisis con la intervención del gobierno provincial y la advertencia del mismo titular del Poder Ejecutivo de que todos los debates debían darse con los ómnibus andando para no dejar a pie a aproximadamente 600.000 tucumanos que usan el transporte urbano, al tiempo que se debía cuidar a las 3.000 personas que dependen laboralmente de este servicio.

Hasta las últimas semanas se dio esta situación precaria pero relativamente estable. Pero aparecieron hechos nuevos. La misma municipalidad capitalina planteó que se debía declarar otra emergencia en el servicio y también comenzaron otras presiones, derivadas del hecho de que los subsidios no alcanzan para sostener una “normalidad” y se empezó a  hablar de que las municipalidades, que son las que organizan el funcionamiento del transporte, debían hacerse cargo.

De allí se pasó rápidamente a la escalada crítica del reclamo empresarial del martes anunciando que estaban en el fondo del pozo, que se debía resolver el tema de las concesiones precarias, así como el reclamo para que la Municipalidad capitalina aumente el porcentaje del boleto estudiantil.

Así se llegó a la restricción de servicios y al paro. Las consecuencias fueron descriptas por distintos estamentos de la vida urbana. Los pasajeros que perdieron o vieron complicadas sus actividades, así como las largas esperas en las paradas; en las escuelas hubo un ausentismo del 50%; y en el comercio hubo una fuerte caída en las ventas. Acaso cada actividad pueda medir la magnitud del deterioro o del daño que le causó el hecho de que la ciudad se haya quedado semiparalizada, tal como pueden describir los mismos usuarios o las familias.

Lo que queda como lección, como se dijo al principio, es que se evidencia la falla de la gestión política para aventar situaciones críticas que podrían preverse y que ya habían sido anticipadas por numerosas señales. Queda la sensación de que quienes tienen capacidad de protestar trasladando al resto de la sociedad su conflicto logran que se los atienda y se abra el camino en busca de soluciones. Lo cual habla mal de nuestra forma de resolver los problemas.