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Nicolás Maduro.
El gobierno de Javier Milei ha intensificado su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, alcanzando un punto crítico con una solicitud formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para emitir órdenes de arresto contra los líderes venezolanos. La canciller Diana Mondino firmó una carta dirigida al fiscal de la CPI, Karim Khan, basándose en el artículo 58 del Estatuto de Roma, que permite la detención de individuos si se considera que han cometido crímenes bajo la competencia de la Corte y su arresto es necesario para evitar que continúen con dichos delitos.
La solicitud se enmarca en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas, luego de que la Argentina decidiera reincorporarse al proceso iniciado en 2018 por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y la Argentina de Mauricio Macri para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta acción se produce tras la reapertura de una causa en la Justicia argentina por crímenes contra la humanidad atribuidos al gobierno de Maduro, bajo el principio de jurisdicción universal y competencia extraterritorial. El regreso de Argentina a este proceso marca un cambio respecto a la gestión de Alberto Fernández, que se había retirado en 2021.
La carta firmada por Mondino y dirigida al fiscal de la CPI intensifica aún más la relación ya deteriorada entre Argentina y Venezuela, con consecuencias como la expulsión de diplomáticos argentinos por parte del régimen de Maduro, dejando a Brasil a cargo de los intereses argentinos en Venezuela. Además de las violaciones previas a los derechos humanos que ya estaban bajo investigación, el pedido de arresto también se basa en nuevos episodios graves ocurridos tras las elecciones fraudulentas en Venezuela.
El gobierno de Milei continúa presionando en foros internacionales, proponiendo cláusulas democráticas en organismos como el Consenso de Brasilia y la CELAC, que buscan expulsar a países que violen principios democráticos, en un claro intento de aislar a Venezuela y resaltar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen chavista. La denuncia presentada incluye datos alarmantes, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y persecuciones políticas sistemáticas, evidenciadas por informes de la OEA y organizaciones de derechos humanos.
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