El Estado les ha fallado a los tucumanos

El paro del transporte público del miércoles dejó de a pie a media población de esta provincia durante 36 horas, hasta que se levantó ayer. Por la Capital, a diario, transitan más de 700.000 personas, entre residentes, trabajadores, estudiantes y personas que realizan trámites varios. El 4 de septiembre debería ser recordado como el día en que el Estado les falló a los ciudadanos.

Les ha fallado el Estado municipal que permitió, de manera impávida, que el conflicto escalara hasta llegar a la parálisis. La jefa municipal, Rossana Chahla, se encuentra en Alemania, en un viaje oficial fundado en razones valiosas, pero secundarias respecto de la urgencia de una ciudad inmovilizada.

El Concejo Deliberante, en tanto, funciona respecto de la crisis como una mera “Mesa de Entradas”. Hasta aquí, solamente está para recibir papeles. Se acumulan el proyecto de la Intendencia para declarar la emergencia del servicio de ómnibus; un proyecto similar de siete ediles de la oposición; y el pedido de los empresarios de Aetat para que aumente el precio del viaje. Hasta ahora, a esos expedientes sólo les estamparon el “recibido”. Ya deberían tener un sello que diga “Bien, gracias”.

Por si el pasmo municipal no fuese evidente, el gobernador Osvaldo Jaldo lo explicitó el miércoles. Subrayó que nadie de la intendencia ni del Concejo había pedido la intercesión de la Provincia.

Ello, ciertamente, no quita el hecho de que también el Estado provincial les ha fallado a los sufridos pobladores de estas tierras. En primer lugar, los capitalinos también son tucumanos. En segundo término, el rigorismo jurisdiccional con el cual la gobernación se da abluciones de purismo institucional es, cuanto menos, contradictorio. En el pasado, cuando era vicegobernador, Jaldo decidió distraer recursos de la Legislatura para pagar el “Boleto Estudiantil Gratuito” (un subsidio al transporte). Esta decisión reñía con las funciones parlamentarias: era una tarea propia del Ejecutivo.

En el presente, la Casa de Gobierno mantiene el “Pacto Social”, por el cual la Provincia paga los sueldos de empleados municipales en la mayoría de las intendencias, políticamente domesticadas por esa dependencia económica. ¿Ahí no aparecen los pruritos por mantener separadas las jurisdicciones municipales respecto de las atribuciones de la Provincia?

El colmo es que se llegó al paro por un problema de jurisdicciones. Concretamente, el crónico problema del peronismo tucumano para respetar la frontera que separa al Partido Justicialista del Estado provincial. Por momentos, la escalada de la crisis parecía una interna oficialista para infligir desgastes políticos de unos sobre otros. Una pelea en la que los tucumanos fueron carne de cañón.

En las democracias liberales, como la que consagra la Constitución Nacional, la política es el instrumento para la solución de los conflictos. El Estado tucumano claudicó en este deber el miércoles pasado. Y a los tucumanos los dejaron librados a su suerte, que nunca fue mucha…

La otra parada

Si los ciudadanos le importan poco a sus representantes, no podía esperarse otra postura por parte del gremio de UTA. No fue el paro del miércoles, sino su modalidad la que evidenció ese hecho. Por supuesto que el sindicato tenía sobradas razones para disponer una medida de fuerza en represalia contra el despido de 200 trabajadores, ahora revertido. Pero una cosa es el derecho a huelga y otra es la decisión de que el paro fuese “sorpresivo”. Es decir, que los colectivos parasen a la hora que se les ocurriese a los sindicalistas. Esa decisión fue un ensañamiento alegre e impune contra los usuarios: como si de los vecinos (también trabajadores) hubiera sido la culpa de las cesantías.

Para mayores malversaciones, anteayer (ese día de miércoles para los tucumanos), fue muy difícil distinguir entre el “lock out” empresario (Aetat anunció que los colectivos transitarán con frecuencia de domingo) y el paro de UTA. Por caso, la cúpula del gremio no fue a protestar a Aetat, sino a la intendencia de la capital. Ahí va la verdad 21 del peronismo local: durante los gobiernos de los justicialistas, las protestas de los trabajadores no serán contra la patronal, sino contra el Estado. Noticia para el Instituto Lillo: era tucumana la serpiente que se come su propia cola.

Los gremialistas, en rigor, fueron a reivindicar el reclamo de los empresarios: que la Municipalidad de la Capital les otorgue subsidios. Huelga decir que (salvo a la Casa Rosada) a nadie escapa la crisis económica. Pero el planteo de Aetat termina siendo contradictorio respecto de su propia prédica.

Lo que alegan los empresarios es que, antes de la crisis de 2001, el transporte público de pasajeros no estaba subsidiado y el valor del boleto urbano en Tucumán era de 1 peso, es decir, un dólar. Tras la debacle del gobierno del radical Fernando de la Rúa y los cinco presidentes en 15 días, asume provisionalmente Eduardo Duhalde y el país pasa de la paridad cambiaria a 1 dólar a casi 4 pesos. Una devaluación de casi el 400%. Así que el Gobierno decidió subsidiar el transporte para morigerar la suba de esa tarifa y su impacto en el costo del trabajador. Pero esa medida de emergencia devino crónica y desde entonces el Estado fija el valor del pasaje. Todo esto es cierto. Ahora bien, ha dicho Jaldo el miércoles que la Provincia se ha hecho cargo por completo de los subsidios que el Gobierno de Javier Milei eliminó de cuajo: unos 3.000 millones de pesos por mes. Los empresarios, en paralelo, dicen que su estudio de costos arroja que el viaje urbano debe costar en Tucumán 1.340 pesos. Y que si la Municipalidad no va a darles una suba del “boleto”, entonces la intendencia debe otorgarles subsidios. Ahora bien, en esa ecuación algo no cierra: Aetat pide que el boleto cueste lo mismo que 1 dólar “blue” (la tarifa de los tiempos cuando no había ayuda del Estado), ¿de manera simultánea a los 3.000 millones mensuales de subsidio provincial que ya recibe?

Dicho de otro modo, ¿por qué antes era sustentable el servicio con un viaje urbano a 1 dólar y ahora sólo puede serlo con 1 dólar más subsidios estatales? ¿Y esto sólo para que los ómnibus vuelvan a circular, pero de mejorar el servicio y las unidades ni hablar? Para pasarlo en limpio: ¿una solución que baraja incluso el Gobierno provincial es que se use dinero de los tributos provinciales que pagan los tucumanos, más dinero de las tasas municipales que pagan los tucumanos, para subsidiar un servicio deficiente por el cual, además, los tucumanos también tienen que pagar 1 dólar por viaje?

Esta semana, el Estado les ha fallado a los tucumanos. No sólo porque hay un servicio básico que los contribuyentes ya subsidian, pero con el que no pueden contar. Sino porque, en el debate sobre la crisis del transporte, lo que menos importan son los usuarios. El Estado les falló a los tucumanos porque, en definitiva, los ciudadanos parecen ser superfluos.

El Estado de Derecho es, en el mito fundacional de la modernidad, el acuerdo para salir del Estado de Naturaleza. Pero ahora los tucumanos viven en el mismo “sálvese quien pueda” de cuando no había civilización. Con el agravante de que en aquel entonces, al menos, no se pagaban impuestos.