La Legislatura sancionó en estos días una norma que permite incorporar la figura de la denuncia anónima, lo que facilitará a los policías comenzar una investigación sin tener que recurrir a otras estrategias que transitaban por el límite entre lo legal y lo ilegal. “En un momento en que el narcomenudeo se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad pública, es vital que las autoridades cuenten con herramientas efectivas para combatirlo. Permitir las denuncias anónimas podría incentivar la colaboración de la ciudadanía, que a menudo se ve intimidada por el miedo a represalias”, dijo la autora del proyecto, que ahora espera la reglamentación.
Se trata de un avance sobre vacíos legales que tiene la norma de lucha contra el narcomenudeo, que se aplica en nuestra provincia desde el 1 de diciembre de 2022. A nivel federal ya se aplicaba en nuestro medio, desde 2013, un buzón de denuncias colocado en los centros judiciales, reparticiones públicas, hospitales, municipios y comunas, que había permitido iniciar investigaciones. Se cuenta que en los primeros cuatro meses había recibido ya 300 denuncias que daban cuenta ya del avance del narcomenudeo en los barrios.
Pero esta herramienta, que servía en las investigaciones que realizaba la Justicia Federal, no estaba contemplada en la norma antinarcomenudeo local y eso dio lugar a situaciones por lo menos complejas que dieron lugar a confusiones legales. Ya en los primeros meses de a norma comenzó a verse que en allanamientos por robos se hallaban elementos vinculados con la venta por menor de drogas o bien plantitas de marihuana, lo cual se convirtió en habitual. De hecho, en agosto pasado, en la Unidad Regional Este se desarticularon 17 “quioscos” de venta de droga. Los allanamientos surgieron por causas por robo (nueve), lesiones (dos), en flagrancia (cinco) y por amenazas (uno). Ninguna por narcomenudeo.
Fuentes judiciales dijeron que más del 50% de las causas se iniciaron por investigaciones que no tienen que ver con la comercialización de drogas. Y así como con esta herramienta se iniciaron investigaciones que luego se transforman en expedientes con procesados, como fue el caso de la venta de éxtasis -donde se partió de una denuncia anónima y se utilizó un “agente revelador” (policía que se hizo pasar por consumidor)- también hubo planteos de nulidad y caída de causas. “No es legal que en una causa por robo de moto se revise el cajón de un armario. Es imposible que allí se encuentre el rodado. Eso viola los derechos de los ciudadanos”, ejemplificó un abogado defensor.
A esta figura creada por la norma habría que añadir en el futuro otras herramientas como la del mencionado agente revelador, la del agente encubierto y la de la entrega vigilada, que también se usan en el fuero federal. Así las cosas, esta norma vendría a tratar de subsanar este vacío legal y de dar elementos de acción a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. “El sistema judicial tiene la oportunidad de reforzar su compromiso con la legalidad y la justicia”, expresó un abogado. “Es importante que se examinen y se manejen adecuadamente todas las denuncias, garantizando que cada caso reciba la atención que merece, sin que se produzcan confusiones entre diferentes situaciones”, añadió.