04 Septiembre 2024
El Concejo Deliberante estudia dos vías de solución para el problema del transporte público de pasajeros en la Capital. Por un lado, el bloque opositor elaboró un proyecto de declaración de emergencia para el transporte, más amplio que el que había presentado el Ejecutivo municipal. Y, por el otro, se busca analizar el incremento tarifario que pide la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El proyecto de ordenanza confiere a la intendenta, Rossana Chahla, una serie de obligaciones y facultades durante un año para sanear el servicio con medidas urgentes. Se pide que se presenten los pliegos de licitación de las 14 líneas urbanas en un plazo máximo de 10 días hábiles y se establece la conformación de una mesa de seguimiento.
El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) deberá, en el marco de dicha declaración, llevar adelante normas que aseguren la mejora actual del servicio, la defensa de los derechos de los usuarios y el seguimiento y resolución de denuncias. En aquellos puntos, el proyecto opositor contempla la creación de una oficina para reclamos que deberán ser atendidos en no más de dos semanas.
En este sentido, se pide que se garantice la cobertura total del servicio según horarios, frecuencias y normas de higiene y seguridad vigentes. Y se exige el cumplimiento de la verificación técnica vehicular de cada coche y la cobertura del seguro obligatorio establecido por ley. La intendencia podría incluir otros ítems que le resultaran pertinentes.
Por su parte, el grupo supervisor de la ejecución de la emergencia estaría integrado por dos representantes del Ejecutivo, un miembro de la comisión de Transporte, dos empresarios y un gremialista del sector. También participaría el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y se podría convocar a entidades intermedias.
Además, la comisión especial deberá fijarse en la sustentabilidad económica del sistema y en el rediseño del servicio público de transporte. Esto último sería a través de la redeterminación de líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota y demás cuestiones operativas según las necesidades originadas.
Aquel inciso presenta una diferencia sobre lo propuesto por el Ejecutivo municipal en el proyecto que envió en agosto. Mientras que la iniciativa oficial pide autorización para disponer ella misma del manejo de las líneas y dictar los actos administrativos necesarios para garantizar la continuidad del servicio, la elaboración de los opositores propone que todo esto sea debatido por la mesa de seguimiento conjunta.
El equipo de inspección existirá durante el plazo que dure la emergencia y, una vez concluidas sus tareas, deberá elaborar un informe que será remitido al Concejo para su conocimiento. La propuesta lleva la firma de los radicales José María Canelada, Gustavo Cobos, Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri; de los representantes de Fuerza Republicana Ramiro Ortega y Alfredo Terán; y de los alfaristas Carlos Ale y Ana González. No participaron de esta iniciativa Carlos Arnedo (Acción Vecinal) ni Gastón Gómez (Libres del Sur).
Posible aumento
El segundo punto en estudio dentro del edificio de la San Martín y Monteagudo es el pedido de incremento tarifario hecho por los empresarios. La comisión de Transporte buscaría reunirse en los próximos días para contemplar el aumento, aunque no siguiendo la suma de $1.500 que arroja el análisis de costos de Aetat, sino un monto más bajo. “No es agradable hablar de aumento, pero es muy desagradable escuchar sobre despidos y agotamiento financiero de las empresas”, aseguró Ernesto Nagle.
En este sentido, el presidente del bloque oficialista consideró que al pedido “hay que afrontarlo y reconocer que hace falta”. Se refirió a las competencias por los subsidios, dado que los empresarios demandan que el municipio también debería aportar a la actividad. “El municipio solamente está ayudando con el Boleto Estudiantil y no hace un aporte como la Provincia. Financieramente hablando, hay que buscar el equilibrio para ayudar a los usuarios y a las empresas a seguir funcionando”, consideró.
Y cerró: “en el Concejo tenemos la responsabilidad de afrontar esta situación y debemos hacerlo como es debido. Las empresas están financieramente agotadas y no pueden sostener a los trabajadores, así que hay que buscar soluciones en esta coyuntura donde se habla de disminución del servicio y despidos”.
Pliegos
Por su parte, el concejal Terán remarcó que la problemática del transporte está tocando fondo y que la prioridad para empezar a resolverla es analizar las concesiones de las líneas. “Hay alguna mora del municipio en enviar los pliegos al Concejo, pero ese es el puntapié inicial para caminar hacia una solución macro”, planteó.
Analizó que se trata de un conflicto que viene gestándose y que a diario se complejiza. “Hay que buscar una solución integral y creo que el inicio de ella es clarificar la situación legal y jurídica de las líneas de colectivo, sin eso es muy difícil”, dijo. “Es evidente que hay una situación de tirantez que se produjo entre el DEM y los empresarios. Me parece que lo que tendrá que trabajar el Ejecutivo es una medida de contingencia; la gente no se puede quedar sin transporte”, agregó Terán.
El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco (Unión por la Patria) también analizó la cuestión local y se mostró sorprendido ante los anuncios de los empresarios. “No entendemos la toma de decisiones que se están llevando a cabo, insinuando perjudicar a los usuarios del sistema en la Capital”, sostuvo.
Aseguró que la crisis es entendible, observando que la cuestión nacional se replica en la provincia, pero planteó una duda: “¿cómo, si el sector está en crisis, las medidas que toman solamente perjudican a los usuarios de la Capital? Entiendo que si las empresas están en crisis, sería entendible una reducción en toda la Provincia”.
Así, sospechó que se trata de una medida que va “en contra de los vecinos de San Miguel de Tucumán y en contra de la Administración municipal”. Y soltó: “me preguntaba si cuando hablaban de reducción de las frecuencias se refieren a las que deberían prestar o a las que el día de hoy prestan; hay vecinos que esperan hasta 50 minutos un colectivo cuando deberían pasar cada siete o 10 minutos”.
Quien apuntó directamente contra Aetat fue Arnedo, que tildó a los empresarios de “pijoteros inescrupulosos” que llevan adelante medidas “extorsivas e injustificadas”. “Son viles extorsionadores que para defender sus mezquinos intereses, toman de rehenes a los trabajadores y a los más de 600.000 ciudadanos que necesitan transportarse cada día a sus trabajos, a sus escuelas y a sus hogares, para seguir liderando un servicio pésimo”, criticó.
El concejal también cuestionó la decisión de reducir el servicio sólo en la Capital y dijo que los despidos son “una canallada que no tiene nombre”. “Han recibido subsidios millonarios de todas partes durante años, y ahora salen con esto. La pregunta es qué hicieron con todo ese dinero y con qué cara vienen a reclamar”, planteó.
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