El Gobierno Nacional dará de baja más de 120.000 pensiones

El Gobierno Nacional llevará a cabo una auditoría exhaustiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 beneficios en los próximos meses. Esta medida responde a la detección de irregularidades en la concesión de estas pensiones, buscando asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo el apoyo del Estado. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas comenzaron las auditorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extenderán a otras regiones.

Las estimaciones de ANDIS indican que entre el 30% y 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por ANSES, afectando a miles de personas. Las suspensiones se basan en la identificación de irregularidades como documentación médica falsificada, uso repetido de una misma radiografía y otorgamiento de pensiones a personas sin condiciones de invalidez laboral. Además, se encontraron incompatibilidades significativas en aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas, incluyendo la posesión de bienes no declarados y empleo formal.

Los afectados serán principalmente quienes reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios legales. Esto incluye personas cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, aquellos con bienes significativos o empleo formal, y casos de documentación fraudulenta. Este tipo de pensión está destinada a quienes no pueden trabajar debido a problemas de salud o vulnerabilidad social y no tienen otros ingresos, siendo incompatible con beneficios como la Asignación Universal por Hijo.

El proceso de auditoría continuará expandiéndose a otras regiones del país y, paralelamente, se iniciarán denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades. Diego Spagnuolo, director de ANDIS, enfatizó que estas auditorías buscan depurar el sistema de pensiones para garantizar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo necesitan, restaurando la transparencia en el sistema y eliminando los casos fraudulentos.