03 Septiembre 2024
Diana Mondino
La administración del presidente Javier Milei y otros ocho países rechazaron la orden de arresto contra el líder opositor y ex embajador de Venezuela en Argentina, Edmundo González Urrutia.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó: "Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el Juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del señor Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en el pasado proceso electoral del 28 de julio del 2024".
"Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política", agregó.
Por último, el escrito señaló que "en un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia".
La fiscalía general de Venezuela ordenó la detención del líder opositor Edmundo González Urrutia
Ayer, la fiscalía de Venezuela solicitó este lunes el arresto de Edmundo González Urrutia, rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio en las que el mandatario fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude por parte de la oposición.
El Ministerio Público divulgó en sus redes sociales una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la "orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia" por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje".
La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público le atribuye.
La investigación está relacionada con la publicación de una página web en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado “el 83,5% de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en los comicios.
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