Milei reglamentó el acceso a la información pública: ¿qué implica y por qué fue criticado?

El presidente Javier Milei reglamentó varios puntos de la Ley de Acceso a la Información Pública que rige en la esfera nacional. Lo hizo a través del Decreto 780/2024 publicado el lunes 2 de septiembre por la madrugada en el Boletín Oficial. Entre los cambios más controvertidos, Milei dispuso que ciertas cuestiones "no se entenderán como información pública".

El decreto acota el deber de informar por parte del Estado previsto en la Ley sancionada en 2016 y promulgada por el ex presidente Mauricio Macri, que define a la “información pública” como “todo tipo de dato contenido en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”. La norma indica cuáles son los órganos obligados a contestar las peticiones y en qué plazos, y las excepciones al principio general de publicidad.

El decreto de Milei dispone que no se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada del funcionario o magistrado. Tampoco permite que se hagan “solicitudes que pretendan ingresar a una esfera típicamente doméstica”. Con esto, los funcionarios e instituciones pueden negarse a dar información por considerarla de carácter privado.

La ley de 2016 también establece que un “documento” es “todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados (…) independientemente de su forma, soporte, origen, fecha o carácter oficial”. El nuevo decreto dice que sólo serán documentos con información pública los relacionados a la “actividad estatal”.

El Presidente también amplió el listado de motivos para no responder una solicitud. No se permitirá que se investigue sobre información que “pueda ser utilizada para identificar rutinas o desplazamientos de una persona”; “pueda causar daños y perjuicios”, o “esté relacionada con denuncias o investigaciones en curso que puedan poner en riesgo a denunciantes, testigos, víctimas o cualquier otra persona involucrada”.

¿Cuáles son las opiniones a favor y en contra?

Las nuevas modificaciones permiten proteger la información, datos, movimientos y documentos de los funcionarios públicos. Esta actualización inició un debate entre las organizaciones vinculadas a la defensa del acceso a la información, periodistas y dirigentes políticos de diferentes ideologías.

En julio, el procurador del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, dijo que no se debían brindar datos sobre los perros del presidente por tratarse, a su criterio, de información privada. Esta fue la respuesta a una solicitud sobre la cantidad, raza, nombre y edad de los animales que viven en la residencia presidencial, la Quinta de Olivos.

La organización Poder Ciudadano, que dirige Pablo Secchi, criticó la medida en un comunicado que dice: “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) dijo que la reglamentación generaba preocupación. "Por esta inesperada medida, el Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos 'daños y perjuicios'", expresó la entidad. Y agregó que esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también cuestionó la medida. “Debe ser una regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos pueda ser divulgada porque los dueños de la información pública son los ciudadanos y no el Estado”, expresó la organización. Y recordó que había "sobrada jurisprudencia internacional y nacional" que ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales: "es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida".

Por el lado de Juntos por el Cambio, el ex ministro Pablo Avelluto, afirmó: "el Gobierno limita el acceso a la información pública, pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo”. Por el lado de la izquierda, la abogada y ex diputada Miryam Bregman señaló que este Gobierno tiene “mucho que ocultar”. “Hace unos meses pedimos información sobre lo que gasta (la ministra Patricia) Bullrich en cada represión y se negaron a responder. La casta no quiere que la molesten”, dijo en un tuit.

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