¿Por qué Bullrich toma como ejemplo a Rosario y a Tucumán?

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tomó como ejemplo de buena gestión lo que se hizo en Rosario y en Tucumán. La funcionaria no se cansa de decir que ese es el modelo que deben seguir las otras jurisdicciones del país. Sustenta sus dichos sobre la baja de los índices delictivos que registraron ambos conglomerados urbanos en lo que va del año; pero presta particular atención a la disminución de homicidios. En la llamada “Chicago Argentina” superó un 50%; en nuestra provincia, alcanzó un 30%.

Días atrás, funcionarios de la Nación del área visitaron Tucumán. Mantuvieron reuniones con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y hasta un desayuno con la cúpula policial que se realizó en un bar ubicado al frente de la plaza Independencia. En esas jornadas, según confiaron las fuentes consultadas, revisaron números, analizaron cómo se elabora esa base de datos y preguntaron cuáles fueron las estrategias adoptadas para lograr la disminución de los índices de inseguridad. Se sabe que Bullrich no es una improvisada en materia política, y no dará ni un paso sin saber cuál es el estado del camino que quiere recorrer. Su primer guiño fue enviarle una nota al jefe de Policía, Joaquín Girvau, para felicitarlo por los estándares de transparencia y calidad de los mecanismos que utiliza para elaborar las estadísticas.

En los encuentros quedó en claro que los funcionarios de los gobernadores Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo no utilizaron el mismo modelo para conseguir estos resultados. Santa Fe recibió todo el apoyo de la Nación, con el lanzamiento y el posterior fortalecimiento del Operativo Bandera, que consistió, fundamentalmente, en el envío de efectivos de las fuerzas federales para copar las calles rosarinas. También aportaron los fondos necesarios para aislar a todos los líderes narcos que generaban terror desde el interior de las cárceles federales y provinciales. Se apuró en aplicar el nuevo código procesal penal federal en esa jurisdicción y recién este año comenzó a aplicarse la ley de narcomenudeo en ese territorio.

En Tucumán todo se dio a pulmón. La estrategia de la Policía con Girvau fue copar las zonas rojas del Gran San Miguel sin recursos humanos extra; solo con los propios. El Gobierno provincial espera inaugurar en diciembre parte de la cárcel de Benjamín Paz, con lo que podría aliviar un poco la crisis carcelaria, siempre y cuando lleguen los fondos de Nación para avanzar con las obras. Sería, en realidad, un acto de trato igualitario, ya que la nuestra es la única provincia que no tiene una penitenciaría federal. En materia de narcomenudeo, orgullosos le informaron que el año pasado se dictaron 105 condenas por comercialización de drogas. Hasta el 15 de agosto, se dieron 95 sentencias por el mismo delito, por lo que se supone que crecerán los penados por este ilícito. Como se leerá más adelante, la Justicia Federal de la provincia solo aportó lamentos.

Un plan

No falta mucho para que Bullrich visite la provincia. Su presencia se dará para lanzar un nuevo plan con el que pretenderá luchar de lleno contra el tráfico de droga, el contrabando y el intercambio de mercadería obtenida en ilícitos. En principio, anunciará la creación de un Comando Unificado, que consistirá en extremar los controles en los límites de la provincia. Con mayor presencia de miembros de efectivos de las fuerzas federales “nacionalizará” el Operativo Lapacho.

Según el borrador al que tuvo acceso LA GACETA, este nuevo grupo tendrá como misión perseguir los siguientes delitos:

- Narcotráfico: se hará el seguimiento de las bandas que se dedican al tráfico de drogas. En lo que va del año se secuestraron más de 6.000 kilos de droga en las rutas del NOA; más del doble que el año pasado en la misma cantidad de procedimientos. Este dato no es menor, revela que se está trasladando mayor cantidad de estupefacientes.

- Robos: detectar el traslado de vehículos que fueron sustraídos en otras provincias y que las organizaciones trasladan a Bolivia para cambiarlos por droga o los venden en otras jurisdicciones. Lo mismo ocurrirá con el tráfico de motopartes robadas.

- Evasión tributaria: continuarán con la tarea de control de traslado de mercadería que no fue legalmente informada. Fuentes oficiales informaron que hasta el viernes se secuestraron cargamentos de azúcar en negro por $4.000 millones.

- Violación al código aduanero: fijarán políticas activas para impedir el ingreso de mercadería al país de manera ilegal. Los famosos tours de compras quedaron en la mira al comprobarse que son utilizados para transportar drogas.

- Bandas criminales: ante el cada vez más común intercambio interprovincial de delincuentes, se creará una base de datos de bandas que cometen ilícitos en diferentes provincias.

El plan es ambicioso y, por cierto, necesario. Pero la gran duda es determinar si la Nación eligió Tucumán como segunda línea de control o ya dio por perdido Salta y Jujuy, las provincias por donde ingresan la droga y las mercaderías de contrabando. Hasta el cierre de esta columna, las autoridades nacionales no realizaron ningún anuncio sobre cómo controlarán la frontera con Bolivia.

Un grave problema

El 29 de agosto se celebró el Día del Abogado. Los empleados de la Justicia Federal aprovecharon esa jornada para plantear los problemas que existen en ese fuero, el que tendría que actuar en la mayoría de los expedientes que podrían abrirse con el trabajo que realice el Comando Unificado. Sin dar demasiadas vueltas, dejaron en claro que no pueden dar las respuestas que tanto requiere la sociedad.

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina elaboraron un crítico documento en el que informaron que el Consejo Asesor de la Magistratura mantiene una deuda de casi 11 años con la sociedad tucumana al no haber concretado la puesta en marcha del Juzgado Federal III en la provincia. “Su creación respondió al elevado número de causas que se tramitaban en 2013 en los dos juzgados existentes. Hoy, con un total de 90.041 expedientes en trámite, nos encontramos con un nivel de litigiosidad que ameritaría la creación de un cuarto juzgado”, señalaron.

Todas esas causas, en estos momentos son instruidas por dos fiscales y por un solo juez. No está constituido un Tribunal Oral Federal, por lo que cada vez es más difícil que se cierre un expediente. Con estos recursos, no existe la más mínima chance de que en nuestra provincia se aplique el nuevo código procesal federal que acelera todos los procesos. ¿Cuáles son las consecuencias? “La demora repercute directamente en la vida de todos los tucumanos. Las causas de narcocriminalidad, de trata de personas, de materia previsional, civil y laboral de competencia federal podrían ser resueltas con mayor agilidad si es que se contara con ese nuevo juzgado”, opinaron.