Narcomenudeo: la denuncia anónima, una herramienta para la Policía

Solo falta que el gobernador, Osvaldo Jaldo, ponga su firma para que los investigadores tengan una herramienta con la que se pondrá punto final a todos los grises legales que existen en la lucha contra el narcomenudeo en la provincia. Cuando el titular del PE promulgue la norma, en Tucumán la Policía ya podrá investigar a vendedores a través de una denuncia anónima, lo que facilita a los efectivos a comenzar una pesquisa sin tener que recurrir a otras estrategias que transitaban por el delgado límite que divide lo legal con lo ilegal.

El proyecto presentado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, con el aval de los integrantes de la Comisión de Seguridad, fue sancionado en la última sesión de la Legislatura. Fue una de esas leyes clave, aprobadas por unanimidad, que muchas veces quedan de lado porque no se entiende sobre su importancia. “En un momento en que el narcomenudeo se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad pública, es vital que las autoridades cuenten con herramientas efectivas para combatirlo. Permitir las denuncias anónimas podría incentivar la colaboración de la ciudadanía, quien a menudo se ve intimidado por el miedo a represalias”, argumentó la creadora de la iniciativa.

“Esta modificación no solo respondería a la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del crimen organizado, sino que también fortalecería el sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar su seguridad”, comentó Vargas Aignasse.

Historia

La denuncia anónima es una de las herramientas con las que cuenta el Estado para luchar contra los narcos. La iniciativa surgió en 2013, luego de una reunión de jueces federales en Orán. En la provincia se decidió colocar buzones en los centros judiciales provinciales y federales, reparticiones públicas, hospitales, municipios y comunas, entre otras. En una publicación de LA GACETA se informó que habían sido 195 las urnas que se habían instalado en toda la provincia a partir del 1 de agosto de 2014.

En enero de 2015, a cuatro meses de haberse puesto en marcha, se informó que el sistema permitió recibir alrededor de 300 denuncias. Un tercio de ellas permitió que se inicien investigaciones. Con el correr de los años y la aparición de nuevas tecnologías, se abrieron otros canales para recibir los datos que aportaban los tucumanos que veían como el narcomenudeo invadía sus barrios. Sin embargo, la aprobación del código procesal penal que actualmente se aplica en la provincia puso freno a su aplicación.

El digesto, en su artículo 146 establecía que ninguna denuncia debía ser anónima. En cada presentación, el empleado judicial o policial que la recibiera, estaba obligado a identificar al denunciante con nombre y apellido y, si lo hacía de manera presencial, hasta debía firmar. “Con esa disposiciones nadie se atrevería a decir dónde vendían drogas por un claro temor a sufrir represalias”, explicó la parlamentaria.

Hubo dos proyectos para modificar este punto. El de Vargas Aignasse que permitía las denuncias anónimas para delitos vinculados a la ley 23.737 y el de su par José Cano. El del radical era más amplio, ya que también solicitaba que se aplique el mismo criterio en los casos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación. Finalmente terminó aprobando el primero.

Ahora será el Poder Ejecutivo el que tenga que analizar cómo será el mecanismo de recepción de esta denuncia. En principio, no variará mucho la metodología, pero sí cuentan con muchas más alternativas que un mero buzón.

La realidad

El 1 de diciembre de 2022 comenzó a aplicarse la ley de narcomenudeo en la provincia. Desde ese día, varios defensores comenzaron a cuestionar los procedimientos que realizaban los efectivos. Ernesto Baaclini fue uno de los primeros en plantear el tema. “No es legal que en una causa por robo de moto se revise el cajón de un armario. Es imposible que allí se encuentre el rodado. Eso viola los derechos de los ciudadanos”, explicó en más de una oportunidad.

Vale la pena repasar unas estadísticas para entender el tema. Durante agosto, personal de la Unidad Regional Este desarticuló 17 “quioscos” de venta de droga. Los allanamientos surgieron por causas por robo (nueve), lesiones (dos), en flagrancia (cinco) y por amenazas (uno). Ninguna por narcomenudeo.

Fuentes judiciales coincidieron en señalar que más del 50% de las causas se iniciaron por investigaciones que no tienen que ver con la comercialización de drogas. Reconocieron además que sí utilizan esta y otras herramientas para iniciar investigaciones que luego se transforman en expedientes con procesados. El antecedente más conocido fue el de la venta de éxtasis. (Se informa por separado).

Ese gris legal generó varios planteos de nulidad. El Caso Gargiulo fue el que más notoriedad tuvo en los últimos meses. Un hombre había sido condenado por una causa de droga. Sin embargo, en Impugnación anuló el fallo sosteniendo que se habían registrado irregularidades. Entre otras, no estuvo en clara la manera en la que quedó incriminado en la supuesta causa de robo que derivó en el allanamiento a su domicilio.

“El dictado de esta norma es un paso positivo hacia la mejora de la política criminal en nuestra provincia. Es fundamental abordar las causas relacionadas con el narcomenudeo, prestando atención también a las víctimas de otros delitos que merecen justicia”, aseguró Patricio Char, el profesional que llevó adelante el Caso Gargiulo. “Es importante que se examinen y se manejen adecuadamente todas las denuncias, garantizando que cada caso reciba la atención que merece, sin que se produzcan confusiones entre diferentes situaciones”, añadió.

“El sistema judicial tiene la oportunidad de reforzar su compromiso con la legalidad y la justicia. Esta norma proporciona las herramientas necesarias para avanzar en esa dirección. Es un momento propicio para celebrar los esfuerzos de los legisladores, quienes buscan fortalecer el marco legal de nuestra provincia y promover un enfoque integral en la lucha contra el crimen”, finalizó.

Investigación: la causa del éxtasis sirvió de laboratorio de varios métodos de pesquisas

El fiscal de Narcomenuedo José Sanjuán fue uno de los pioneros en utilizar varias de las herramientas de investigación. Lo hizo en una causa polémica, como lo fue la de ventas de drogas sintéticas en fiestas electrónicas que se realizaban en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán.

En abril pasado, personal de la división Antidrogas de la Policía Federal se presentó en un after que se desarrollaba en Tafí Viejo. En el procedimiento secuestraron éxtasis, flores de marihuana y otras sustancias. Procesaron a Emiliano Valdez (31 años) y al suspendido empleado público César Fernández Fazio (30).

El fiscal inició la investigación por una denuncia anónima que recibió. Una mujer se comunicó con su oficina para informar que había un grupo que organizaba fiestas electrónicas a la que asistía su hija y en la que consumía las drogas que, supuestamente, comercializaban los responsables de esos encuentros que se realizaban sin ningún tipo de autorización. Al tener algunas precisiones, Sanjuán recurrió a la figura del agente revelador. Un miembro de la Policía Federal, haciéndose pasar por consumidor, le compró al menos en tres oportunidades éxtasis a Valdez y estableció sus vínculos con Fernández Fazio.

En la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar Carlos Berarducci explicó que utilizaron esas figuras con autorización judicial y que lo hicieron porque entendían que estaba contemplado en una ley nacional. El juez Guido Buldurini le dio la razón y procesó con prisión preventiva a los dos acusados.

Los defensores siguen pleiteando en diferentes instancias la utilización de ambas herramientas. Sostienen que al no estar contempladas en el código procesal penal de la provincia no pueden ser utilizadas, planteos que fueron rechazados.