El aumento sustancial de los secuestros de droga en la provincia y la mayor cantidad de incidentes con colectivos de tours de compras, así como el decomiso de mercaderías trasladadas ilegalmente, reveló el trasiego de una economía informal -y, en gran parte de los casos, delictiva-, que preocupa a las autoridades. Debido a ese motivo, la Provincia encaró un refuerzo de controles fronterizos con el Operativo Lapacho y, al mismo tiempo, se anunció la creación de un Comando Único integrado por las fuerzas federales y por la Policía tucumana que trabajará, según el jefe de Policía, con datos de inteligencia criminal que permitirá anticiparse a modalidades delictivas.
En efecto, según la información publicada por Gendarmería Nacional en sitios oficiales, hasta mediados de agosto se secuestraron en el país 6.395 kilos de droga, lo que representa más del doble de lo incautado en 2023, que fue de 2.924 kilos. De esa cantidad de estupefacientes, 6.011 fueron cocaína y 384 kilos de marihuana. Los registros dan cuenta que el año pasado esa fuerza incautó 2.692 de cocaína y 232 de cannabis. En el marco del Operativo Lapacho, la Policía tucumana incautó 148 kilos de drogas (133 de marihuana y 15 de cocaína. “No hay antecedentes en la Provincia de la cantidad de droga que estamos secuestrando”, dijo el gobernador. “Somos la tercera provincia en la línea de ingreso de droga, y a pesar de ello, estamos secuestrando cantidades significativas en nuestras fronteras”, añadió, con lo que adelantó que se intensificaría la acción en todos los frentes posibles.
Habrá cinco grandes áreas de trabajo: se hará seguimiento de las bandas que se dedican al tráfico de drogas (tarea en la que necesariamente se debe contar con las fuerzas federales y con la Justicia federal, que está muy disminuida en Tucumán, por falta de estructura y personal); se trabajará en la investigación de robos y traslado de vehículos entre provincias y fuera de las fronteras; habrá mayor control de evasión tributaria, así como de ingreso de mercadería al país de manera ilegal; y se creará una base de datos de bandas que cometen ilícitos en diferentes provincias.
Hay que pensar que los efectos de la actividad ilegal, más allá de los secuestros que llevan a cabo las fuerzas de seguridad, se ven en la proliferación de “quiosquitos” de venta de droga relacionados con el narcomenudeo creciente en los barrios periféricos, y en las situaciones críticas que denuncian los mismos vecinos, tal como se ha dado cuenta esta semana sobre emergencias por violencia u homicidios en Villa 9 de Julio, San Cayetano y localidades del interior de la provincia. Los habitantes de esos sectores aseguran que lugares que antes eran tranquilos se han vuelto peligrosos e inestables por la proliferación de las actividades del narcomenudeo y la degradación social.
Es de esperar que el “blindaje” de fronteras y las acciones diseñadas contribuyan al comienzo de un cambio para mejor, frente a una realidad compleja y de dolorosas consecuencias sociales.