30 Agosto 2024
La prometida reactivación de la obra pública en Argentina, y particularmente en Tucumán, avanza a paso lento. Al punto que los pocos millones de pesos enviados por la Nación y los que puede aportar la Provincia para avanzar con las decenas de proyectos inconclusos apenas permiten menguar el impacto de la parálisis en el sector.
Tras su asunción, el presidente Javier Milei frenó todas las obras de infraestructura pública. Lo hizo por dos factores, derivados de su ortodoxia económica. Por un lado, por la aplicación de un ajuste fiscal inédito en las cuentas públicas. Por el otro, por la convicción ideológica de que el Estado debía ceder su función de promotor financiero de las obras a favor de las empresas privadas.
Esto llevó a que en el primer semestre de este año la construcción perdiera cerca de 200.000 puestos de trabajo a nivel nacional, y al menos 9.000 en Tucumán. La semana pasada, de hecho, uno de los proyectos más esperados debido a los problemas habitacionales, la segunda etapa del Procrear II, volvió a ser paralizado. Ocurre que el 8 de agosto, el Banco Hipotecario (agente fiduciario) comunicó la prórroga de la suspensión -por otros 90 días- del proyecto de 3.100 viviendas situado en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Casi en simultáneo, el ministro de Obras Públicas de Tucumán, Santiago Yanotti, admitió que de los $ 93.000 millones que se comprometió a enviar la Nación para reactivar trabajos, sólo habían llegado $ 1.000 millones. “Hay mucha demora burocrática. Es algo razonable cuando arranca un Gobierno nuevo. Pero nosotros necesitamos que todo este esfuerzo que viene haciendo la Provincia empiece a ser complementado con el compromiso que asumió el Gobierno nacional”, detalló a LG Play este martes. El gobernador, Osvaldo Jaldo, esbozó un tibio rezongo respecto de esta cuestión. “La Nación viene cumpliendo, quizás no en los tiempos que uno le gustaría, pero con lo que se ha comprometido, se lo viene ejecutando”, señaló el lunes.
Desde luego, la preocupación de la obra pública no sólo impacta desde lo social, por el efecto dinamizador de la economía, sino también por su directa relación con el desarrollo de un país. Un factor central en cualquier programa económico sustentable a largo plazo, con inversiones privadas, es la infraestructura. Por ejemplo, rutas, puentes, diques o gasoductos. Y precisamente Argentina, y Tucumán, carecen de una infraestructura adecuada para potenciar sus riquezas y virtudes.
No es la primera vez que la obra pública sufre un parate. Ya en el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, se intentó promover un sistema de ejecución con mayoría de participación de capitales privados (Participación Pública Privada). Ahora, al tomar conocimiento de que el barrio Procrear II anunciado durante la gestión anterior quedaría sin avances, empresarios tucumanos volvieron a reflotar esa idea como una salida coyuntural. Una de las propuestas de la Cámara Tucumana de la Construcción es que el Gobierno de Tucumán tramite ante la Nación la “provincialización” de las 100 hectáreas del megabarrio. Si este predio pasa a la órbita de la Provincia, los empresarios consideran que se podría aplicar la Ley de Activo por Activo, con lo cual las constructoras se harían cargo de la obra -se pasaría a un formato de créditos hipotecarios para la asignación de viviendas-, con el compromiso de edificar oficinas para reparticiones públicas que no cuentan con sede propia y que se ven forzadas a alquilar una sede.
La idea no deja de ser interesante en un contexto de crisis social y de derrumbe de la construcción, y en el que el reimpulso de la obra pública asoma, cuanto menos, muy lejano.
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