El pedido de declaración de emergencia para el transporte público en San Miguel de Tucumán tomó por sorpresa a los empresarios del sector. Incluso, pidieron a la intendenta, Rossana Chahla, que los convoque a una mesa de diálogo para avanzar en políticas troncales para aliviar la crisis del sector.
“Nos sorprende porque no sabemos tampoco en definitiva qué es lo que se busca con la declaración de emergencia del transporte, pero el transporte está en emergencia y está en crisis desde hace mucho tiempo. Esto no es novedad. Necesitamos una mesa de diálogo en la que los estados municipales y provinciales prioricen y determinen cuál va a ser la política de transporte para el futuro”, planteó Luis García, directivo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
A través de un escrito presentado ante el Concejo Deliberante, la jefa municipal pide autorización para modificar los recorridos de las líneas de transporte público urbano e interurbano que actualmente prestan servicio. Además, solicita que se le conceda la atribución de “dictar los actos administrativos que sean necesarios para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del servicio de transporte”. En el articulado se establece que la emergencia durará un año, pudiendo ser prorrogado su plazo si se mantiene la problemática del transporte.
Respecto de las atribuciones que le conferiría a Chahla esta declaración de emergencia, el empresario García dijo que muchas de esas facultades ya las puede tomar, sin necesidad de ninguna normativa nueva. “La Municipalidad tiene la potestad para hacer cambios de recorrido, para hacer adecuaciones, para aplicar sanciones, todas esas facultades ya las tiene. Además, el transporte ya está decretado en emergencia en la provincia. Necesitamos mesas de diálogo y que las partes definan cuál es la política de transporte que se quiere implementar para la provincia”, afirmó.
"Los malos"
Admitió que la sociedad ve a los empresarios como “los malos” en la situación, debido al nuevo pedido de aumento en el boleto y al mal estado de las unidades. “Para la opinión pública nosotros somos los malos, pero porque están viendo la situación actual, están viendo las consecuencias. Pero tenemos que buscar las causas de por qué estamos en esta situación. Una de las causas son las ‘tarifas políticas’ que se implementaron desde hace mucho tiempo. Nos decían ‘no, la gente no puede pagar este precio, aguántense con esto’. Bueno, eso causó el deterioro de las empresas”, expresó. “Bueno, el servicio se va deteriorando y son las consecuencias que estamos viviendo actualmente, donde el parque móvil está totalmente viejo”, amplió García.
Finalmente, recordó que le pidieron a la intendenta que la Municipalidad actualice el valor de los abonos estudiantiles.