En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei ha atravesado una serie de dificultades en el Congreso, destacándose la controversia en torno a la ley que propone modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. La tensión entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y una parte significativa del Poder Legislativo (PL) se intensificó, tras la aprobación de la propuesta en el Senado.
El mandatario libertario ha arremetido contra los legisladores que apoyaron la medida, calificándolos de “degenerados fiscales”. Criticó que promueven políticas populistas que podrían llevar a la Argentina y a futuras generaciones a la ruina económica. En respuesta a la aprobación del proyecto, Milei ha anunciado su intención de vetar la reforma jubilatoria.
Ante esta situación, la oposición ha comenzado a trabajar en una estrategia para asegurar una mayoría que respalde la propuesta y se ha mencionado la posibilidad de iniciar negociaciones para ajustar el proyecto. Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha desestimado estas especulaciones, afirmando con firmeza que “el veto será total, no hay ningún tipo de negociación". "La decisión está tomada”, aseguró ante la prensa acreditada en la Casa Rosada.
En cuanto al proceso para implementar el veto, Adorni ha indicado que el presidente tiene un plazo de 10 días hábiles, equivalentes a 15 días corridos, para formalizar su decisión. “El avance dependerá del proceso administrativo y burocrático”, explicó, según consignó Infobae.
El vocero de Milei también destacó que el principal problema del proyecto radica en el riesgo que representa para el equilibrio fiscal del país. “La gravedad de la propuesta es evidente, ya que plantea un aumento del gasto sin una fuente correspondiente de recursos. La única intención visible es alterar el equilibrio de las cuentas públicas”, concluyó.