Por Nahuel Toledo
20 Agosto 2024
DEFINICIÓN. El juez Julián Ercolini debe resolver el lugar en el que debe tramitarse la causa. Yáñez quiere que la causa se mantenga en Comodoro Py.
En una semana que puede resultar clave para el futuro de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández está imputado por los presuntos delitos de violencia de género y amenazas contra su ex pareja Fabiola Yáñez cambió la estrategia judicial inicial.
En principio, la ex primera dama y su abogada, Mariana Gallego, presentaron una serie de capturas de pantalla con 30 chats entre Yáñez y Fernández, donde se habla de la posibilidad de un acuerdo para no denunciar el caso y de nuevos episodios de violencia. Ahora, la parte denunciante analiza presentar nuevos testigos que apoyen su denuncia de violencia de género contra el dirigente peronista. Estos posibles testigos son personas de su entorno, que se presentaron espontáneamente y se ofrecieron a declarar acerca de episodios violentos que escucharon o vieron mientras duró el vínculo de la pareja. Vale recordar que el fiscal federal Ramiro González imputó al ex mandatario luego de focalizarse en nueve episodios de violencia y sobre ellos se van a basar esos testimonios.
Esta nueva impronta en la defensa surgió luego de que Yáñez declarara ante la Justicia que extravió el teléfono celular en el que contenía todas las conversaciones con Fernández durante su gestión. Según explicó, el celular donde estaban esos chats fue extraviado en una mudanza en España, cuando pasó del departamento que compartía con Fernández en Madrid a otro. El ex presidente había dicho, en la entrevista que dio al diario El País, que “desaparecieron” los chats con Yáñez, entre 2022 y 2023. Más allá de la suerte que corrió el teléfono, Yáñez aseguró que tiene capturas de pantalla sobre las conversaciones previas a 2024. A partir de esto, la Justicia, de todas formas, confía en reconstruir los intercambios y buscar otras pruebas que permitan corroborar el relato.
Declaraciones y defensa
La fiscalía a cargo de González recibirá este jueves a la ex secretaria de Fernández, María Cantero. Cantero fue quien recibió las fotos con moretones y los primeros chats de Yáñez exponiendo los golpes de su ex pareja. En esa jornada también está previsto que declare la periodista Alicia Barros, que fue mencionada por la ex primera dama en su relato.
El lunes próximo está previsto que declare Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos y quien habría separado a Yáñez y Fernández en un hecho de violencia ocurrido cerca de la pileta de la residencia presidencial. Para la próxima semana, el fiscal analiza citar al médico Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. También debe declarar Sofía Pacchi, la amiga de Yáñez, a quien Fernández trató de seducir por chat; pero la fecha de esta audiencia aún no tiene fecha.
La defensa de Fernández aprovecha estos plazos para analizar la última declaración de Yáñez, grabada en video, y que está calificada como reservada y confidencial. La abogada del ex presidente, Silvina Carreira, analiza esta declaración para establecer cuáles son las medidas de prueba que solicitará en defensa de su cliente.
En este contexto, mientras se define si el expediente permanece en los tribunales federales de Comodoro Py o es enviado a la justicia federal de San Isidro, la Justicia prepara nuevas citaciones de testigos para dentro de dos semanas.
En relación a la definición que debe zanjar el juez Julián Ercolini sobre el lugar en el que debe tramitarse la causa, Fernández quiere que el caso vaya a San Isidro, donde ya consiguió que a cambio de una reparación económica se evite una acusación penal por la fiesta de cumpleaños de Yáñez, realizada en la pandemia, cuando regía la etapa más estricta del aislamiento social por la pandemia de coronavirus.
Por su parte, Yáñez quiere que la causa quede en Comodoro Py, según expuso en el expediente su abogada, y el fiscal González dictaminará hoy en ese mismo sentido, ya que entiende que los primeros actos de violencia ocurrieron en 2016, en Puerto Madero, jurisdicción porteña.
Sin registros
La recolección de las pruebas en el marco de la causa sufrió un revés debido a que la Justicia no logró acceder a las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, como solicitó recientemente la parte denunciante. La respuesta a esta situación surgió por problemas técnicos que impidieron acceder a los registros fílmicos de las actividades en ese lugar entre 2021 y el año pasado.
Ocurre que las cámaras de seguridad del predio tenían en aquel momento un almacenamiento de hasta 35 días, como máximo, por lo que se sobreescribían los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad.
Durante la administración de Fernández, las autoridades nacionales decidieron que las tomas se hicieran con la mayor definición posible para, de esa manera, poder reconocer a las personas que entraban, salían y circulaban por Olivos.
De todas formas, la poca capacidad de almacenamiento de los aparatos es un problema para la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7.
El fiscal González le solicitó al Gobierno que informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces primera dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021; el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio y los videos de las cámaras de seguridad.
En el último de los requerimientos judiciales que le llegaron a la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, se indicó que abarca todo el período presidencial de Alberto Fernández, desde que se instaló en la residencia en diciembre de 2019 hasta el mismo mes de 2023, detalló Infobae.
En principio, la actual gestión libertaria no tendría dificultades en entregar el resumen del personal que trabaja en el lugar, de los ingresos y de las atenciones médicas que se realizaron, ya que esa información consta en otros dispositivos.
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