La declaración de la educación como servicio esencial cruzó a Omodeo con Medina

Tras un arduo debate que se extendió hasta la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como servicio esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar. El proyecto persigue como objetivo garantizar las clases en los días de paro docente. Al momento de la votación, la propuesta consiguió 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones.

De acuerdo con la iniciativa, se establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Miradas dispares

Al momento de hacer uso de la palabra para argumentar su acompañamiento al proyecto, la diputada nacional Paula Omodeo aseguró que los “verdaderos responsables de la debacle educativa son los gobernadores y los sindicalistas”, que destinaron fondos a cualquier otra finalidad “menos en educación, porque no quieren ciudadanos educados”.

“En mi provincia hay escuelas en las que no hay baños, hay letrinas. Yo me pregunto si esta ley va a mejorar algo la situación de los estudiantes tucumanos. Y la respuesta es que sí, porque aseguramos las clases, porque les damos una rutina a los niños y jóvenes que asisten”, sostuvo la dirigente. Y remarcó: “Esta ley no es en contra de los estudiantes ni en contra de los maestros. Es en contra de una clase política y una clase sindical que nos ha mantenido rehenes y que ha hecho negocios y se ha enriquecido a costas del nivel y de la calidad educativa de los niños y de los jóvenes argentinos. Estamos haciendo la parte que nos toca pero le pedimos por favor a los gobiernos provinciales que dejen de gastarse los recursos de manera espuria para hacer política, para sostener estructuras, para hacer populismo barato”.

Ante estas declaraciones, Gladys Medina, en representación del bloque Independencia, salió al cruce y dijo desconocer que en Tucumán existan escuelas con letrinas. “Le voy a pedir que me pase el nombre de las escuelas, personalmente voy a visitarlas y me comprometo, junto con el gobierno de mi provincia, a que tengan baños dignos”, afirmó la legisladora y destacó la inversión educativa que lleva adelante la administración provincial. “Uno de los mayores presupuestos que tiene destinado mi provincia es para educación. Por decisión del gobernador, Osvaldo Jaldo, el incentivo docente se paga desde el primer momento que la Nación lo quitó”, detalló.