Mientras la Legislatura analiza un pedido de destitución en su contra, Terraf se reunió con Jaldo

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura se reunirá el viernes a las 11 para analizar si corre traslado o archiva el planteo de destitución en contra del presidente del Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, Miguel Chaibén Terraf.

La presentación fue ratificada este lunes ante la Cámara por el abogado Marcos Aníbal Rougés, quien aseguró que el titular del organismo de control incurrió “reiteradamente” en incumplimiento a sus deberes como funcionario público. En un escrito de 47 páginas, Rougés aseguró que “existen graves motivos que inhabilitan (a Terraf) para continuar siendo un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia”.

Si bien la comisión de Juicio Político no inició todavía el tratamiento de este expediente, la Legislatura deberá resolver si corre traslado a Terraf o si procede al archivo de las actuaciones. Esto es lo que se resolverá mañana en ese grupo de trabajo, ya que los siete días corridos de plazo que corren desde la ratificación de la denuncia se cumplirán el lunes.

El denunciante enumeró cinco hechos que, a su criterio, configuran las circunstancias que justifican la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento. En primer lugar, Rougés reprochó que en 2008, a través del acuerdo 2.505, el TC se expidió con relación a la Cuenta de Inversión 2007, pero “se ‘olvidó de emitir el dictamen constitucionalmente previsto con respecto de la razonabilidad de la contabilidad de la Administración Pública centralizada relativa a todo un ejercicio presupuestario completo”. “Esa Cuenta de Inversión estaba referida a un año ‘bisagra’ en la historia reciente de Tucumán, (ya que) 2007 fue el año de las elecciones que determinaron el rumbo de la Argentina y de Tucumán para toda la década siguiente”, aseveró.

En segundo lugar, mencionó una serie de acuerdos dictados en 2005 relacionados a la ejecución de Lomas de Tafí. Según dijo, profesionales de áreas técnicas del Tribunal de Cuentas “expusieron con claridad que la operatoria en torno de la construcción de las primeras 3.000 viviendas estuvo signada, y estragada, por los sobreprecios”. “Sin embargo, ninguna de estas objeciones le bastó a la conducción del organismo, en la cabeza de Terraf”, añadió. En tercer punto, Rougés puso el foco en el acuerdo 2.821 de 2011, relacionado a la ampliación del Hospital Padilla. “Hay funcionarios públicos que dice que está perfectamente terminada una obra de $16,6 millones, cuando los especialistas del ente de contralor dicen que le faltan casi $3 millones en trabajos”, aseguró. También le cuestiona que “no excusarse en las actuaciones que involucraban la ejecución de contratos con Luis Eduardo González con el Estado provincial”. Según Rougés, se trata del consuegro del presidente del TC. “Se pudo verificar (...) 24 operaciones de venta con el Estado Provincial, interviniendo en todos ellos el denunciado Terraf”. Por último, el letrado aseguró que el titular del TC, “con fondos estatales y designaciones discrecionales, financia a una buena parte del plantel titular del equipo de Natación y Gimnasia, reciente campeón del Torneo Anual de Rugby de la Unión de Rugby Tucumana (URT)”. Rougés incluyó una lista de 11 jugadores que prestan servicios en el organismo de control.

Esta mañana, sugestivamente, el presidente del Tribunal de Cuentas mantuvo una reunión a solas con el gobernador Osvaldo Jaldo. A primera hora de la mañana, Terraf ingresó al despacho del mandatario, y salió media hora después. 

La comisión de Juicio Político, que preside el peronista Sergio Mansilla, cuenta con nueve miembros del oficialismo (Aldo Salomón, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, José Orellana, Francisco Serra y Leopoldo Rodríguez) y tres de la oposición (Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña y Eduardo Verón Guerra). Si eventualmente la comisión resuelve el viernes en reunión correr traslado a Terraf para que efectúe su descargo, el proceso podría avanzar hasta el Jury de Enjuiciamiento. De lo contrario, si la rechaza se dispone el pase a archivo de las actuaciones.