El presidente, Javier Milei, eliminó la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados durante la última dictadura militar. El libertario firmó la medida que ordena disolver la UEI. La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo había advertido sobre el impacto que tendrá la decisión del Gobierno.
A través del decreto 727/2024, Milei derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este organismo funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Acceso directo e irrestricto a información
El texto, publicado anoche en el Boletín Oficial, señaló que el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal".
Por esa razón, el Gobierno remarcó que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".
Luego resaltaron que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”".
El derecho a la intimidad
Además, se puso en cuestión la presunta vulneración de derechos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".
La norma entró en vigencia apenas semanas después de que desde la organización Abuelas de Plaza de Mayo advirtieran en un comunicado que el Gobierno tenía listo un proyecto de decreto para eliminar el organismo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños.
En junio pasado, Abuelas advirtió que en caso de llevarse adelante esta decisión, se "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado".