En un encendido cruce de declaraciones, Enrique Romero, ex secretario de Tránsito de la anterior gestión municipal, respondió contundentemente al concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal), quien había afirmado que la implementación de la tarjeta SUBE en la provincia traerá mayor transparencia y erradicará ciertas prácticas cuestionables en el sistema actual.
A través de un escrito, Romero no tardó en desestimar las declaraciones de Arnedo, comenzando por la supuesta falta de transparencia en la asignación de recursos que la SUBE vendría a corregir. "El Señor del Clima -le dice- afirma que la SUBE traerá transparencia en la asignación de recursos, cuando hoy la Nación no aporta nada de compensación tarifaria; solo lo hace la provincia con $3.000 millones mensuales, cuya distribución se realiza de acuerdo al Artículo 2° de la Ley 9773", sostuvo Romero. Y añadió, en tono desafiante: "¿Acaso está acusando al gobernador (Osvaldo) Jaldo de no ser transparente?".
Otro de los puntos que Arnedo había destacado es que la SUBE pondría fin al "curro" de las tarjetas Ciudadana y Metropolitana. Romero refutó estas afirmaciones: "La tarjeta Ciudadana es administrada por Bizland bajo la supervisión del Municipio. ¿También sospecha de la gestión de Rossana Chahla?", cuestionó. Además, aclaró que la tarjeta Metropolitana no presenta incumplimientos que justifiquen tales acusaciones.
Romero también alertó sobre un aspecto que, según él, Arnedo no ha considerado: el impacto de la SUBE en los jubilados de la capital. Actualmente, los jubilados cuentan con boleto gratuito, cubierto por la provincia, pero con la implementación de la SUBE, deberán pagar el 45% del importe del boleto urbano, salvo que el municipio decida cubrir ese porcentaje.
"Es importante que la gente sepa que en otras provincias y municipios, el pago con la SUBE ha sido suspendido por incumplimientos de la Nación en el porcentaje que le corresponde", explicó.
Para Romero, el problema del transporte en Tucumán va mucho más allá de los subsidios. "A la caída de pasajeros se suma la descapitalización de las empresas. Hoy, la gestión de la movilidad está reducida a la subsistencia, que depende casi exclusivamente de cuánto dinero puede aportar el Estado provincial. Estos fondos se destinan principalmente a gasoil y salarios, lo que provoca un deterioro constante en otro elemento clave: la flota", subrayó.
En condiciones normales, explicó Romero, se debería renovar el 10% de la flota por año, pero sin sistemas de rentabilidad sostenibles mediante tarifas técnicas o subsidios adecuados, el mantenimiento, desarrollo y calidad del transporte público seguirán en declive.
Finalmente, Romero propuso una serie de alternativas para readecuar la oferta a la demanda y mejorar la situación del transporte en la provincia. Entre sus propuestas, mencionó la fusión de empresas para reducir costos y evitar la superposición de recorridos, potenciar el transbordo, la excepción de tasas municipales e impuestos provinciales, servicios diferenciales de punto a punto, la creación de un fondo fiduciario y el desarrollo de un transporte rural multimodal que pueda llevar carga y usarse para logística.
Romero cerró su declaración con una frase lapidaria: "Es una pena que Arnedo no entienda que la ignorancia es el cultivo deliberado de la estupidez".