Sistema electoral nacional: la nueva propuesta del gobierno puede hacer naufragar el acuerdo que había logrado en el Congreso

El Poder Ejecutivo impulsa un cambio sustancial: que en la misma Boleta Única de Papel (BUP) se incluyan candidatos para los comicios nacionales, provinciales y municipales. Se trata de una jugada a fondo del Gobierno, capaz de modificar de raíz el sistema de votación. El problema de La Libertad Avanza (LLA) es que necesita el respaldo de numerosos aliados para avanzar con su idea en el Parlamento, y esta nueva propuesta difiere de que la habían acordado previamente con los bloques “dialoguistas”. En consecuencia, el proyecto corre riesgo de naufragar.                                       

El mes pasado, Victoria Villarruel parecía haber conseguido los números necesarios para sellar la BUP en el Senado. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto en 2022, por lo que no hay tiempo que perder para el Gobierno, ya que si la ley no se vota antes de febrero de 2025 perderá estado parlamentario y todo volverá a foja cero. Pero ese preacuerdo de la vicepresidenta con los aliados del Ejecutivo en el Senado podría derrumbarse a causa de las modificaciones que ahora plantea la Casa Rosada.                                 

Desventaja

¿Cuál es la pretensión de la mesa política de Javier Milei? Que en una misma boleta convivan candidatos para cargos nacionales, provinciales y municipales; y que esa lista completa se aplique también a las PASO, un punto que se había discutido largamente en 2022. La cuestión es que con esta BUP, en el marco de una elección presidencial los partidos provinciales se encontrarían en notoria desventaja.

Consigna Infobae que el Ejecutivo también pretende extender los plazos de las campañas y de la presentación de candidatos; habilitar cambios en la conformación de las alianzas electorales y fijar el primer domingo de agosto para la realización de las PASO. Nada de esto formaba parte de lo que se había anudado en el Senado.

No es el primer giro que padece en su devenir el proyecto de ley de la BUP. La rionegrina Mónica Silva había encontrado el respaldo del kirchnerismo para sostener un dictamen de minoría, contrario al de mayoría sellado por LLA, sus aliados del PRO y del radicalismo y el peronista disidente Juan Carlos Romero. Claro que esto sucedió antes de que se eligiera a Río Negro para la multimillonaria inversión de Gas Natural Licuado. Silva pertenece a Juntos Somos Río Negro, cuya dirigencia celebró que el Gobierno haya optado por esa provincia para la radicación de la planta. Habrá que ver entonces si modifica su actitud en el recinto.

Responsabilidad del Estado

A diferencia de la boleta tradicional, cuya presencia en el cuarto oscuro corre por cuenta de los partidos políticos, la distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado. “Gracias a esto, garantiza una oferta electoral completa, equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los votantes”, destaca el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las ONG que brega desde hace tiempo por la implementación de este sistema.

Durante las próximas semanas el Gobierno deberá emplearse a fondo para convencer a sus aliados -y también a algunos propios- acerca de las bondades de estas modificaciones al proyecto que introduce a último momento. El panorama le resulta propicio: la crisis del peronismo se agrava al compás de los escándalos que sacuden a la extinta gestión de Alberto Fernández, una debilidad ante la opinión pública que las espadas políticas de Milei pretenden aprovechar.