La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el uso de celulares en las aulas de las escuelas y colegios de esa ciudad ha generado todo tipo de reacciones. Están aquellos que aplauden la medida y piden que sea replicada lo antes posible por los ministerios de Educación de otras jurisdicciones del país. Y en la vereda de enfrente se encuentran los que creen que es una decisión retrógrada. Más allá de las diversas posturas que genera una política de este tipo, lo concreto es que es un tema que preocupa a todos los actores del ecosistema educativo.
A partir de ahora, todas las escuelas porteñas deben limitar el uso del teléfono móvil, salvo en situaciones particulares. La medida de la administración de Jorge Macri alcanza a los 566.000 estudiantes de las 2.291 escuelas porteñas, públicas y privadas. En las secundarias, el dispositivo deberá estar guardado durante las horas de clase, excepto en las actividades pedagógicas previamente planificadas por los docentes. Podrá usarse en alguno o en todos los recreos, de acuerdo con lo que cada escuela disponga.
En primarias y jardines de infantes el límite será mucho más estricto Los celulares no podrán usarse ni en el aula ni en los recreos. Solo podrán tenerlos los chicos que los necesiten como ayuda ante una condición especial, como pueden ser problemas en la visión o en la audición. Cada escuela deberá armar su propio protocolo y comunicarlo a toda la comunidad educativa, incluyendo las familias de los alumnos.
En cuanto se conoció esta novedad, el tema repercutió en diversos ámbitos tucumanos, entre los que se encuentran las oficinas de los funcionarios, los grupos de Whatsapp de los papás y las mamás, y las charlas entre los docentes. La gran duda es: ¿en Tucumán debería hacerse lo mismo? Desde Yerba Buena ya comunicaron que preparan una medida similar para los establecimientos educativos de la jurisdicción pedemontana ¿Ese es el camino a seguir? ¿Es necesario ser muy estricto o hay que buscar un punto intermedio? Por ejemplo, permitirles a los alumnos el uso del celular cuando sea necesario y que, al mismo tiempo, se desconecten cuando haya que prestarle atención al docente que tienen enfrente.
Juan María Segura, especialista en Educación, cree que prohibir el uso del teléfono en el aula es una decisión equivocada. Sostiene que, en realidad, el docente debe desarrollar habilidades para captar la atención de los alumnos sin necesidad de prohibir el uso de un dispositivo que hoy es inherentemente a la vida cotidiana. Agrega que está probado que del total del tiempo que una persona emplea en la utilización de su teléfono, buena parte está destinado a buscar o consumir información.
Quienes opinan de modo diferente al de Segura argumentan que el celular, cargado de contenido adictivo, distrae. Y hay cada vez más evidencia científica de que esas distracciones están impactando en la atención, que es clave para el proceso de aprendizaje.
Hay otro punto a tener en cuenta: la ludopatía infantil y juvenil está causando graves problemas. A tal punto que las autoridades de algunos colegios tucumanos ya han enviado comunicados a los padres para alertar sobre esta situación. Y en la Legislatura se acumulan los proyectos que proponen estrategias para intentar mitigar el impacto de esta situación.
Quedan pocas dudas de que el uso excesivo del teléfono en el aula atenta contra la formación de los niños y adolescentes ¿Pero es necesario prohibirlos? Creemos que antes de tomar medidas de este tipo, debe primar un análisis exhaustivo de los beneficios y las consecuencias que pueden acarrear estas decisiones, y un debate respetuoso en el que interactúe toda la comunidad educativa.