Venta ilegal de mercadería: alivio para tres imputados

Tres de los seis imputados en la causa penal iniciada por la venta ilegal de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia quedaron cerca del sobreseimiento.

El expediente se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el titular de aquella cartera, Federico Masso, quien había advertido sobre aparentes desvíos en lotes de productos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios.

El jueves por la mañana se llevó adelante una audiencia en los tribunales penales para la reformulación de cargos y otras medidas en el marco de este proceso, con la intervención del juez Federico Moeykens y de la fiscal Mariana Rivadeneira (con Mónica Torchan como auxiliar fiscal).

Como cuestión previa, Gustavo Morales, defensor de los imputados Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez, planteó que había vencido el plazo de seis meses previsto por la normativa procesal para la investigación penal preparatoria, sin que el Ministerio Público Fiscal (MPF) requiriera una prórroga. Por ello, dijo el letrado, correspondía el sobreseimiento de sus clientes.

El resto de las defensas también hizo este requerimiento para Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), por Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y por Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde).

La Fiscalía, a su turno, se expresó en rechazo a la postura de los letrados por considerar que no se habían vencido los tiempos, según consta en el acta a la que tuvo acceso LA GACETA. Con respecto al planteo de Morales, el MPF expuso que a los tres imputados les habían formulado cargos el 15 de enero, por lo cual la caducidad del plazo para la investigación penal preparatoria operaría el 15 de agosto.

Al resolver, el juez hizo lugar al requerimiento de Morales y marcó que el límite para la pesquisa contra Sánchez y los Juárez “se encuentra vencido desde el 2 de agosto”, de acuerdo a lo dictado por el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. En otro punto, sin embargo, el magistrado advirtió que el pedido de sobreseimiento no había sido previsto para el tipo de audiencia fijada, por lo que la cuestión debería ser planteada ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Si bien el MPF adelantó el recurso impugnativo -con reserva del caso federal-, estos tres imputados quedaron en posición favorable.

En cuanto al resto de los sospechosos -Soria, Orrillo e Ibáñez-, el juez indicó que no se habían superado los plazos previstos para la investigación penal preparatoria, dado que en estos casos la caducidad operaría desde hoy -en el caso de Soria- en adelante -para el resto-. Pero Moeykens declaró esta causa como asunto complejo, tal como había peticionado la Fiscalía, con lo que se extendieron los tiempos para la pesquisa. Por esta razón, si bien las defensas pueden solicitar una audiencia ante la OGA para requerir el sobreseimiento de sus clientes, no resulta factible que prosperen los eventuales planteos.

Asunto complejo

El juez avaló el pedido de Rivadeneira para la declaración de asunto complejo en esta causa, dada la “cantidad de hechos investigados y la multiplicidad de imputados, sumado a la cantidad de evidencia recolectada” en estos meses, señala el acta judicial.

Además, en la audiencia se llevó adelante la reformulación y formulación de cargos contra dos imputados. En el caso de Soria, quien era empleado de la Legislatura, se lo sindicó como presunto autor del delito de peculado, en perjuicio de la Administración Pública, por “los retiros de mercadería efectuados en la empresa de logística Hacha de Piedra” entre el 13 de abril y el 20 de diciembre de 2024, “cuya venta habría tenido lugar el 19 de enero de 2024”. Según Char, los alimentos “eran efectivamente entregados donde se los debía entregar” y “no hay pruebas de que hayan sido vendidos”. A su vez, negó lazos entre su cliente y los demás sospechosos. En cuanto a Orrillo, se le formularon cargos por el presunto delito de “encubrimiento por receptación dolosa, agravado por actuar con ánimo de lucro, en relación al delito de malversación propia o impropia de caudales públicos”, también en perjuicio de la Administración Pública, por “las mercaderías retiradas” entre noviembre y enero de Hacha de Piedra.

En este caso que en principio había motivado allanamientos y arrestos, no quedan sospechosos privados de la libertad. Y ahora, de los seis imputados, tres podrían obtener el sobreseimiento.