La denuncia de Fabiola Yánez, ex primera dama de la Nación, acusando a Alberto Fernández de presunta agresión física mientras él desempeñaba el cargo de Presidente, es una noticia de contenido oprobioso, que se ramifica en los más diversos niveles.
En el nivel más evidente, fulmina la ya fracasada cuarta gestión “K”. El desastre fue tal que terminó llevando al poder a Javier Milei, que ni partido tenía.
El kirchnerismo no hesitó a la hora de demonizar al ex mandatario. “La Cámpora” ya se solidarizó con Yáñez. Antes había llegado el repudio de la intendenta de Quilmes, desde México, donde acompañó a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Tiene todas las características de haber ejercido violencia de género”, dijo Mayra Mendoza respecto de Alberto. Debe ser que el perfil de presunto golpeador se le manifestó a partir del 11 de diciembre, cuando dejó el poder, porque no supieron notarlo durante todo el gobierno de Néstor Kirchner: Alberto fue jefe de Gabinete. Ni en el primer año de Cristina como mandataria: Alberto se mantuvo en el cargo. Tampoco cuando Cristina lo eligió para encabezar la fórmula en 2019. Ni en los siguientes cuatro años en los que “La Cámpora” manejó las principales cajas del Estado, desde las Anses hasta Aerolíneas Argentinas, pasando por el PAMI.
En un segundo nivel, la acusación contra Alberto acumula una nueva mancha sobre las presidencias peronistas tras el retorno de la democracia. Tráfico de armas; las voladuras de la Embajada de Israel y de la AMIA; los “retornos” con las empresas adjudicatarias de obras y servicios públicos (la causa “Cuadernos”); lavado de dinero de la corrupción (la causa “Ruta del dinero K”); la firma de un pacto secreto con Irán, al que la Justicia responsabiliza de los atentados antes mencionados; asesinato sin castigo del fiscal Alberto Nisman, que investigó ese “Memorándum” y denunció a quienes lo firmaron (la Justicia investiga esa muerte como homicidio); condena a Cristina por administración fraudulenta (causa “Vialidad”); vacunatorio VIP para que amigos del poder recibieran la vacuna contra la Covid antes que los grupos de riesgo; violación de la cuarentena por parte de Alberto Fernández cuando era mandatario (la fiestita de Olivos); y, ahora, violencia de género.
Los gobiernos peronistas también representaron importantes avances en materia social, económica y de derechos humanos (entre otras facetas positivas) durante la democracia. Por eso es doblemente desdoroso que, durante sus presidencias, una parte del funcionariado se comporte como si el Código Penal fuera un álbum de figuritas que se desesperan por coleccionar…
Pero, en un tercer nivel, el más inmediato de los efectos terribles de la denuncia de Yáñez es que desalojó de la discusión pública a una cuestión que representa el verdadero escándalo de la Argentina: los índices socialmente criminales que han alcanzado la pobreza y la indigencia.
Las cifras
El índice de pobreza en el país llegó al 54,9% durante el primer semestre, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA. Aquí la pobreza se mide sólo con un criterio monetario: se reúne un conjunto de bienes y servicios en una “canasta básica” y su precio fija la “línea de pobreza”. Quienes reúnen esos montos (no incluye el alquiler) se encuentran “por arriba” de la línea. Aquellos que no, oficialmente, son pobres. De cada 100 argentinos, en más de la mitad 55 no ganan para vivir.
La indigencia se halla “dentro” del universo de la pobreza: es la galaxia de la miseria. En la “canasta básica” hay una “canasta alimentaria”: quienes no pueden costearla quedan “debajo” de la línea de indigencia. Su cifra es aterradora: 20,3%. De cada cinco compatriotas, uno no gana ni para comer.
El capítulo tucumano no es nada halagüeño. En indigencia, Tucumán está décima entre los 24 distritos argentinos, con 19,7%. En pobreza, la cuestión recrudece: es del 60,2%, lo cual deja a la provincia octava en el ranking. Es decir, en el tercio más pobre de los distritos de esta nación.
Los contrastes
Mal momento para que se conozca la desproporción por parte del Gobierno en el reparto de recursos a los municipios. Tucumán es una provincia pobre si más del 60% de la población está sumergida en las carencias. Pero se ve que a algunos municipios los hacen más pobres que a otros…
Los motivos del agravamiento de la pobreza son diversos, pero dado que se emplea sólo un criterio monetario para pautarla, el instituto de la UCA hace hincapié en las devaluaciones del peso argentino, su impacto en la suba de precios y los insuficientes aumentos de salarios para compensar.
Este diagnóstico expone que al gobierno de Milei se le está acabando el “período de gracia” para invocar “la pesada herencia”: mañana cumple ocho meses en el poder. La atención ha estado puesta en lo financiero, con hitos como la baja de inflación y el superávit fiscal. En contraste, a los planteos de productores, empresarios, asalariados y jubilados (la sociedad) los mandan a “esperar”.
No menos cierto es que el gobierno libertario sigue siendo reciente, al tiempo que la pobreza ya es crónica en el país. Creció en los gobiernos radicales, con la hiperinflación de Alfonsín y la debacle de De la Rúa. Pero también con el neoliberalismo de Menem, pese a la inflación “cero” y el achique del Estado. Disminuyó con Néstor y con la primera presidencia de Cristina, cuando se ensanchó el Estado. Pero cuando la bonanza de los “commodities” acabó, la pobreza volvió a trepar y advino el “apagón” estadístico. El miércoles, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, fue condenado a tres años de prisión por manipular cifras del Indec. Macri dejó la pobreza en 35%. Alberto, en 41%.
La suba constante de la pobreza durante gobiernos radicales, peronistas o macristas; de izquierda, de centro y derecha; liberales, conservadores y populistas, contrasta con el sostenido enriquecimiento de un sector de la clase política. Ello configura uno de los grandes riesgos de la democracia: que quienes conspiren en su contra sean quienes se sirven de ella para llegar al poder. Para que haya democracia debe haber políticos, porque de lo contrario habrá monarquías o dictaduras, aristocracias u oligarquías. Sin embargo, el sistemático empeoramiento de las condiciones de vida predispone a sectores cada vez más vastos a despreciar a los políticos. Por caso, Milei ganó despotricando contra “la casta”. Es que esos políticos desprecian a sus ciudadanos al condenarlos a la pobreza. Y si la democracia es gobierno del pueblo, los políticos que desprecian al pueblo, empobreciéndolo, también están despreciando a la democracia. Un círculo vicioso perfecto.
En julio, Tucumán fue escenario del mentado “Pacto de Mayo” para “refundar” la patria. Pero a dos siglos de 1816, no somos más libres, sino más pobres. Por ende, tampoco somos más dignos. O en todo caso, dada la miseria dirigencial, nos hicieron dignos, tan sólo, de un reparto de pobrezas.