Haciendo algunas modificaciones en la graduación de la pena, el tribunal de impugnación integrado por los magistrados María Jimena Suárez, Laura Julieta Casas y Agustín Francisco Puppio confirmó las condenas que se les impuso a los miembros de la “Industria del Escruche” en el juicio.
En septiembre del año pasado los jueces Eliana Gómez Moreira, Fanny Siriani y Bernardo L´Erario Babot enjuiciaron a la banda que llegaba acusada de asociación ilícita y de realizar numerosos “escruches” (robos por efracción). Tras valorar las pruebas presentadas por el fiscal Diego López Ávila y los argumentos de los defensores, el tribunal resolvió condenar, como líder de la organización, a Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga a 18 años de prisión, a su hijo Juan de Dios López y a Luis Ricardo Carreras a 16 años; a Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga a ocho años y a Cristian Nicolás Caro a cinco años y seis meses; además absolvieron a Walter “Kuki” Caro y ordenaron el decomiso de una serie de bienes.
Previamente, el fiscal había arribado a condenas mediante juicio abreviado con otros miembros de la organización que tuvieron roles secundarios.
Segunda instancia
Los defensores esperaron los fundamentos del fallo y luego procedieron a impugnarlo en busca de una sentencia más favorable para sus asistidos. Tras analizar la situación de cada uno de los cinco condenados, el tribunal de Impungación confirmó esas condenas, pero tuvo en cuenta algunos atenuantes. De esa manera, se dictó penas sustitutivas y “La Gata” Lizárraga fue penado a 16 años y seis meses de prisión como jefe de la banda. A su vez, a López se le fijó la pena 15 años y seis meses, mientras que a Carreras se le incrementó a 16 años y seis meses porque se le unificó esta condena con una anterior (que venía siendo de cumplimiento condicional) por otro delito. “Tuta” Lizárraga tuvo mejor suerte y consiguió que se lo absolviera por el beneficio de la duda de uno de los hechos, de esa manera se le impuso una pena de seis años. Finalmente a Cristian Nicolás Caro se le redujo la pena a cinco años. Su defensor, Agustín Monteros, destacó que a todos los condenados les queda el recurso extraordinario de apelar a la Corte Suprema de Justicia. “No había prueba alguna contra él, lo vincularon por su apellido, pero bueno, lo cierto es que Cristian ya cumplió dos años y 9 meses de arresto y ya en pocos días le corresponderá acceder a la libertad, por lo que está satisfecho y prefirió no apelar”, dijo Monteros. El tribunal además rechazó el pedido de devolver los vehículos que le fueron decomisados en la causa.