06 Agosto 2024
Legislatura.
El presidente del Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, Miguel Terraf, fue objeto de un pedido de juicio político ante el Poder Legislativo.
La presentación fue ingresada este lunes a la Cámara provincial con la firma del abogado Marcos Aníbal Rougés, quien aseguró que el titular del organismo de control incurrió “reiteradamente” en incumplimiento a sus deberes como funcionario público.
Si bien la comisión de Juicio Político no inició todavía el tratamiento de este expediente, la Legislatura deberá resolver si corre traslado a Terraf o si procede al archivo de las actuaciones.
En un escrito de 47 páginas, Rougués aseguró que “existen graves motivos que inhabilitan (a Terraf) para continuar siendo un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia”.
El denunciante enumeró cinco hechos que, a su criterio, configuran las circunstancias que justifican la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento.
En primer lugar, Rougués reprochó que en 2008, a través del acuerdo 2.505, el TC se expidió con relación a la Cuenta de Inversión 2007, pero “se ‘olvidó de emitir el dictamen constitucionalmente previsto con respecto de la razonabilidad de la contabilidad de la Administración Pública centralizada relativa a todo un ejercicio presupuestario completo”. “Esa Cuenta de Inversión estaba referida a un año ‘bisagra’ en la historia reciente de Tucumán, (ya que) 2007 fue el año de las elecciones que determinaron el rumbo de la Argentina y de Tucumán para toda la década siguiente”, aseveró.
En segundo lugar, el denunciante mencionó una serie de acuerdos dictados en 2005 relacionados a la ejecución del megabarrio Lomas de Tafí. Según dijo, profesionales de áreas técnicas del Tribunal de Cuentas “expusieron con claridad que la operatoria en torno de la construcción de las primeras 3.000 viviendas estuvo signada, y estragada, por los sobreprecios”. “Sin embargo, ninguna de estas objeciones le bastó a la conducción del organismo, en la cabeza de Terraf”, añadió.
En tercer punto, Rougés puso el foco en el acuerdo 2.821 de 2011, relacionado a la ampliación del Hospital Padilla. “Hay funcionarios públicos que dice que está perfectamente terminada una obra de $16,6 millones, cuando los especialistas del ente de contralor dicen que le faltan casi $3 millones en trabajos”, aseguró.
El siguiente eje de la presentación del abogado es que Terraf decidió “no excusarse en las actuaciones que involucraban la ejecución de contratos con Luis Eduardo González con el Estado provincial”. Según Rougués, se trata del consuegro del presidente del TC. “Se pudo verificar (...) 24 operaciones de venta con el Estado Provincial, interviniendo en todos ellos el denunciado Terraf”,
En quinto lugar, el letrado aseguró que el titular del órgano de control, “con fondos estatales y designaciones discrecionales, financia a una buena parte del plantel titular del equipo de Natación y Gimnasia, reciente campeón del Torneo Anual de Rugby de la Unión de Rugby Tucumana (URT)”. Rougués incluyó una lista de 11 jugadores que prestan servicios en el organismo de control.
Tras citar las disposiciones presuntamente violentadas por el presidente del Tribunal de Cuentas, el abogado insistió con que se constata “un incumplimiento sistemático” de los deberes a su cargo. Además de solicitar la incorporación a modo de prueba de los acuerdos citados y de otros instrumentos, requirió que “se proceda a acusar formalmente” y “a la destitución” de Terraf.
En principio, la comisión de Juicio Político, que preside el peronista Sergio Mansilla, debe recibir la ratificación de la demanda por parte del letrado. Una vez que esto suceda, este grupo legislativo -que cuenta con nueve miembros del oficialismo y tres de la oposición- podrá pasar a resolver en reunión si corre traslado a Terraf para que efectúe su descargo, tras lo cual el proceso podría avanzar hasta el Jury de Enjuiciamiento, o si dispone el pase a archivo de las actuaciones.
Lo más popular
