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Guillermo Francos. ARCHIVO
Con una publicación parcial en el Boletín Oficial (BO), comienza hoy oficialmente la reglamentación de la Ley Bases. Será sólo en puntos específicos, mientras que las otras partes irán apareciendo semana a semana, según aseguran desde el entorno de un cuadro técnico del oficialismo. Tanto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicaron que es el primer paso de varios que se irán dando progresivamente.
“Ya se aprobó un decreto y en la semana se va a aprobar seguramente la implementación del capítulo del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), pero ya se ha aprobado la reglamentación con el decreto y sobre todo, con el tema de los procedimientos administrativos y todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado”, explicó Francos en declaraciones radiales.
Se trata de una decisión clave para la marcha de la gestión y que tiene por objetivo acelerar a fondo con una de las leyes clave que consiguió sancionar Javier Milei en casi nueve meses de gestión.
En la tanda inicial, aparecerá todo lo referido a la reorganización administrativa, privatizaciones, el procedimiento administrativo y empleo público. En concreto, la normativa declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y delega en el Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades vinculadas a aquellas materias.
A su vez, la Casa Rosada podrá intervenir en ciertos organismos descentralizados, empresas y sociedades consagradas en el proyecto que se discutió por largos meses, en los cuales el Gobierno tuvo que ceder ante la oposición más proclive al diálogo. De este modo, quedaron a tiro de la privatización total o parcial firmas como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Quedaron fuera, tras discusiones con los bloques parlamentarios, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, informó “Perfil”.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado, de acuerdo con las siguientes condiciones.
En cuanto a empleo público, el texto pega de lleno en los sindicatos que representen a los trabajadores estatales ya que no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado “de forma explícita” su acuerdo.
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