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Las llamas que consumieron un micro de un tour de compras en la ruta 9 despertó la atención de las autoridades. El origen de ese grave incidente debería ser materia de investigación y de una rápida resolución por parte de los funcionarios judiciales. Las dos hipótesis que se manejan son igual de alarmantes.
El miércoles de la semana pasada, un ómnibus que regresaba de la localidad salteña de Orán intentó eludir un control de Gendarmería Nacional en el puesto de Molle Yaco, ubicado en el departamento Trancas. Los bagayeros, al descubrir que los uniformados revisarían lo que trasladaban, decidieron incendiar el micro. Los más exaltados también intentaron evitar que los bomberos voluntarios de esa ciudad apagaran el fuego, que terminó consumiendo toda la unidad.
Los investigadores elaboraron dos teorías sobre lo que podría haber sucedido. Algunos de los pasajeros podrían haber trasladado droga y decidieron que el siniestro les permitiría eliminar la carga que transportaban. La otra fue una violenta reacción porque los ocupantes habrían aportado una importante suma de dinero para evitar el decomiso de la mercadería que ingresaron de manera ilegal al país desde Bolivia.
Ninguna de las dos hipótesis luce descabellada por lo que sucede en las rutas del NOA. En el primer semestre de este año se duplicó la cantidad de droga secuestrada con respecto al año pasado. La cocaína y la marihuana son algunas de las sustancias que no sólo están ingresando con mayor facilidad por la falta de controles, sino que ahora habría que agregarles la sencillez con la que se las puede trasladar. Según los expertos, hasta Molle Yaco el micro debería haber superado al menos cinco controles de la fuerza nacional y otros tantos de las policías de Jujuy, Salta y Tucumán. Al respecto, a fines del año pasado, la Justicia federal de Santiago del Estero desarticuló una organización integrada por bagayeros y efectivos que pagaban y recibían sobornos para poder realizar la actividad. Según la investigación, en esos tiempos cobraban hasta $200.000 por micro. En 2022 también fueron condenados integrantes de esa fuerza por el mismo ilícito. En todos los casos la base de las operaciones era Salta.
El problema resulta mucho más preocupante si se tiene en cuenta que quedó demostrado que Salta es el principal punto de ingreso de estupefacientes al país. En ese contexto es alarmante que miembros de la fuerza que debe luchar contra el tráfico de droga, pueden aparecer involucrados en actividades ilícitas. Por esa razón es fundamental que las autoridades y, fundamentalmente la Justicia, tomen cartas en el asunto para resolver y controlar estas confusas situaciones.
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