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Hay preocupación en el sector ovino debido a que el Gobierno resolvió cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) por el cual se manejaban unos $3.000 millones al año.
Una de las primeras medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei fue el cierre de fideicomisos, argumentando que se tratan de mecanismos para manejar de forma discrecional, y sin control, miles de millones de pesos.
La medida fue formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 650 del Ministerio de Economía. Allí se menciona que “las condiciones” que motivaron la creación del FRAO “no se encuentran dadas en el contexto actual”. Economía agregó en los considerandos de la norma: “Este ministerio, en concordancia, con las políticas públicas que se vienen instrumentando considera que la continuidad del citado fondo resulta inconveniente en dicho contexto”.
“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, había anticipado el vocero presidencial Manual Adorni en su cuenta de X.
El fideicomiso había sido creado por la ley 25.422 de ganadería ovina de 2001. Su artículo 15 fue el que creó el FRAO con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, donaciones, aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores.
La ley estipuló beneficios como “apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad propuesta”. También la financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión de los estudios de base necesarios para su fundamentación.
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