Hace 12 Hs
El video viral de un chofer de una línea de colectivos denunciando que había estado cerca de protagonizar un accidente por un desperfecto mecánico reavivó la discusión por el estado de las unidades.
Si bien la empresa descartó que la situación haya sido originada por la falta de mantenimiento -hubo un error humano por parte de uno de los mecánicos, según explicó un vocero-, lo cierto es que, en cada rueda de consultas periodísticas, los usuarios reiteran sus reclamos en general por la calidad del servicio en el transporte público de pasajeros. De hecho, el defensor del Pueblo afirmó a LG Play que en Balcarce primera cuadra reciben “muchos reclamos” por esta cuestión, en especial, en el interior de la provincia.
En rigor, se trata de un problema que lleva varios años, y que distintas gestiones de gobierno -municipal, provincial e inclusive nacional- no lograron resolver, más allá del signo político o partidario.
En septiembre de 2023, LA GACETA dio a conocer un informe elaborado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que da cuenta sobre la necesidad de renovar las flotas en las distintas firmas prestatarias de este servicio esencial.
En ese entonces, las 14 líneas urbanas que recorren la ciudad reunían en total 414 coches. De esa cifra, 137 (el 33%) eran unidades vencidas (superan los 10 años de antigüedad). Algunos de los rodados eran modelo 2008 (es decir, superaban los 15 años). Otras tenían 12, 13 y hasta 14 años. Por eso, algunas empresas habían logrado incorporar unidades nuevas, el promedio de antigüedad de los modelos superaba los nueve años.
La ordenanza de Transporte de San Miguel de Tucumán (N° 400, de 1979) establece que los ómnibus no pueden tener más de una década de funcionamiento. En 2015, en tanto, se fijó la obligación de que todas las unidades nuevas sean climatizadas (ordenanza N° 4.766). Se otorgó un plazo de 10 años para que toda la flota esté adaptada a las altas temperaturas que tiene el verano tucumano. Esa fecha límite se cumple en 2025.
Sin embargo, según aquel informe, sólo 44 coches (el 10% del total) cumplían con el requisito de brindar rampas para silla de ruedas; y 172 (41%) contaban con aire acondicionado.
Aunque prácticamente pasó un año del relevamiento efectuado por el municipio, hoy los empresarios afirman que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento -pago de sueldos del personal, gasoil y otros insumos, etcétera-, y mucho menos para renovar las unidades. Y aseguran que esto es fruto de la falta de políticas positivas para el sector, tanto al momento de establecer tarifas adecuadas como en la distribución equitativa de subsidios (en especial, de orden nacional).
Más allá de los argumentos, resulta crucial que se busque la manera de propiciar una mejora sustancial y perdurable en este servicio público, que cuenta con más de 600.000 usuarios en la provincia.
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