Acceso a la información pública: ¿se suma a la Constitución?

Se reaviva el debate de una ley de acceso a la información pública de la mano de la convocatoria del gobernador Osvaldo Jaldo para una posible reforma de la Constitución. Tucumán es una de las poquísimas provincias que no adhirió a la Ley Nacional 27.275 y tampoco cuenta con una normativa local que facilite la publicidad de los actos de gobierno (otras son Formosa y San Juan). En consecuencia, se dificulta la transparencia y el control de las administraciones.

¿Debería entonces el acceso a la información pública estar plasmado en la Constitución tucumana? Ese fue el principal disparador de debate en una mesa de diálogo intersectorial del que participaron funcionarios, abogados, académicos, periodistas y representantes de instituciones civiles, entre otros. En líneas generales, la conclusión a la que se arribó es que desde lo jurídico no sería indispensable incluir este derecho en el articulado. Sin embargo, hubo sobradas coincidencias de que Tucumán es una provincia tan particular en lo político que sería conveniente que hubiera al menos una mención en la Carta Magna.

La Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNT se transformó en un foro sobre el acceso a la información y participación para un Estado abierto en Tucumán. Durante una dos horas, se debatió inicialmente sobre un anteproyecto de ley que impulsan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y la Clínica Jurídica de Interés Público, entre otros. En la Legislatura hay cuatro proyectos en idéntico sentido sin tratamiento (ver aparte).

Eje transversal

Entre los asistentes estuvieron el legislador Manuel Courel, el concejal José María Canelada, la ex ministra de Educación Silvia Rojkés, y la titular de Derecho Constitucional, Carmen Fontán.

En nombre de ACIJ, Marcelo Giulitti planteó la situación legislativa en la que se encuentra la provincia y propuso debatir sobre cómo se puede fortalecer la participación ciudadana. La directora ejecutiva de Andhes, Florencia Vallino, subrayó que el derecho a la información es transversal y que, actualmente, la información requerida se encuentra desperdigada por oficinas públicas lo que dificulta su acceso.

Provincia “especial”

El borrador de la iniciativa cuenta con unos 40 artículos. Fija que toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública. Se propone un máximo de 10 días hábiles para ser respondido el requerimiento. Se impulsa también la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública, competente sobre los tres Poderes del Estado, con autonomía y autarquía financiera.

Canelada recordó que en su paso por la Cámara presentó iniciativas en idéntico sentido. Opinó que, jurídicamente, no es indispensable la inclusión del derecho a la información pública en la Carta Magna. “Desde lo político, todo lo que aporte el goce del derecho podría servir para facilitar el acceso como política pública. No estaría mal su inclusión”, dijo. Courel, que tiene una iniciativa similar, coincidió con su correligionario. “No es necesario incluirlo en una reforma, pero sería conveniente”, reflexionó. Advirtió que en muchas provincias y ni en la Nación hay acceso pleno a la información, a pesar de existir normativa vigente.

La abogada Soledad Deza, presidenta y fundadora de la organización Mujeres x Mujeres, opinó que no es necesario que el acceso a la información se incluya en la Carta Magna. “Menos es más”, dijo. Propuso pensar el proyecto como un punto de partida y vio con buenos ojos impulsar una adhesión a la ley nacional.

Fontán manifestó que su idea es que una Constitución debe ser parca. “Cuanto más breve, mejor, porque respira por las rendijas”, dijo. Sin embargo, advirtió: “pero vivimos en Tucumán, y es una provincia muy especial. Me pregunto hasta qué punto es mejor hacer una mención breve”, planteó. Marcó que aunque tengan leyes vigentes, sólo seis provincias tienen transparencia activa. “Una mala reglamentación me preocupa muchísimo porque podemos estar peor”, puntualizó.

Rojkés, por su parte, tuvo una mirada menos jurídica sobre el tema. Si bien señaló que los tres Poderes y sus organismos tienen que permitir el acceso a la información pública, estos datos tienen que servir para facilitar la vida de la gente. “Como ciudadanos de a pie tenemos que tener acceso a todo esto y no quedarnos en las normas”, dijo.

Sin apoyo ni tratamiento: las iniciativas por el acceso a la información pública nunca llegan al recinto

Desde hace años, la oposición de la Cámara presenta proyectos de ley para que se garantice el acceso a la información pública. Sin embargo, pierden estado parlamentario sistemáticamente dado que no son tratadas en las comisiones y, en consecuencia, son archivadas. En la actualidad hay cuatro iniciativas que están en condiciones de ser debatidas: de Walter Berarducci; de José Seleme, Silvia Elías de Pérez y Courel; de José Macome; y de Nadima Pecci (mc). Años atrás presentaron proyectos también Canelada y Federico Masso.