Juicio a Cerisola: los primeros testigos criticaron el plan de obras de la UNT

La primera jornada con testigos del juicio que se le sigue al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán Juan Alberto Cerisola y a otros funcionarios de la casa de Altos Estudios sirvió para poner en contexto, sobre todo para los acusadores, que había un alto número de consejeros que, tal como lo hicieron por escrito, no estaban de acuerdo con la decisión del principal imputado con respecto al destino final que tendría el dinero de las regalías mineras. Es que las cinco personas que declararon ayer firmaron un dictamen en mayoría, a fines de 2009, donde rechazaban la idea de Cerisola de no destinar los fondos particularmente a la finalización de la Ciudad Universitaria de San Javier, sino que él consideraba “Ciudad Universitaria” a todos los bienes de la UNT que podían ser refaccionados o bien encarar obras nuevas.

El primero en declarar ante los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías, y Enrique Lilljedahl, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez, fue el médico Rafael Oscar Alonso, quien fue miembro del Consejo Superior y quien, para esa época, integraba la Comisión de Interpretación y Reglamento. Allí las partes, los representantes del Ministerio Público, Pablo Camuña, Agustín Chit, Lucía Doz Costa y Daniel Waisenberg, el querellante Rodolfo Burgos, y los defensores Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, por Cerisola, Alfredo Falú, por Olga Cudmani, Víctor Taleb, por Luis Sacca y Mariano Galleta, por Osvaldo Venturino, se enfrentaron al primer problema: el tiempo transcurrido. Es que en largos períodos de la audiencia los testigos dijeron no recordar detalles de lo que se les preguntaba. Es que pasaron más de 15 años desde que tuvieron actuaciones que derivaron en este proceso oral. Asi, en más de una ocasión, debió recurrirse a actas y a reconocimiento de firmas para aclarar diversos aspectos. Los cinco que declararon ayer dijeron que su actuación, como miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento, comenzó cuando les llegaron sendas resoluciones en las que, dijeron, Cerisola se arrogaba las funciones de poder decidir acerca de los destinos de las utilidades mineras. Cerisola, que fue rector entre 2006 y 2014, hizo que se diseñara un plan de obras y las hizo ejecutar en distintas áreas universitarias. Fue acusado de administración fraudulenta contra la administración pública (incumplimiento de deberes de funcionario público), respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidadesw mineras no se rigiesen por la ley nacional de obras públicas.

“Sin previsibilidad”

Según Alonso, “la concreción del plan de obras 2006 - 2009 se hizo sin previsibilidad ni planificación, lo que puso en riesgo la factibilidad de que puedan concluirse los proyectos aprobados”. “En la ejecución del plan de obras se observaban falencias administrativas y se pidió que se inicien sumarios para deslindar responsabilidades”. Y afirmó que, por dictamen de mayoría, “se aconsejó no aprobar el estado de cuentas con fondos recibidos de YMAD, conformar una comisión revisora para investigar y facultar a la comisión especial para que el rector y los funcionarios aporten pruebas”.

Luego fue el turno de Ramón Grosso, profesor de Educación Física y miembro en ese entonces de la misma comisión. “Sabíamos que los fondos de YMAD debían usarse en la ciudad universitaria, pero no se hizo”, aseguró. Y criticó el plan de obras que se encaró en ese momento. “La Universidad debería tener como premisa la educación y no el turismo. Yo pretendía que se hiciera la escuela de kinesiología en Monteros y no la casa 8 de San Javier. Nunca nos consultaron para qué se iba a usar la plata”, remarcó, aunque admitió que con esos fondos “se remodeló la Facultad de Educación Física con un pabellón nuevo”. Grosso, sin embargo, advirtió que “no había un plan de obras; era discrecional. Interpretaron que cada edificio era una ciudad universitaria, y no el edificio que se está muriendo en San Javier. Yo no sabía para qué se usaban los fondos”. Luego aseguró que “había una interna política entre Cerisola y la vicerrectora (María Luisa Rossi de Hernández) a quien acompaña el arquitecto Pablo Holgado, de la Facultad de Arquitectura”. Y afirmó también que “nosotros (en la comisión) pensábamos que el precio de las obras era alto, pero no hubo objeción al respecto”.

Posteriormente declaró la bioquímica Stella Maris Grancelli de Villafañe, quien recordó que en los informes que habían recibido “habíamos observado inconsistencias”. “Trabajamos muchísimo en el análisis de todo esto. Se hacían inversiones financieras en distintos bancos y financieras. Hicimos un dictamen en base a la documentación que recibíamos, y que no tenía nada que ver con la política”, aseveró.

Por su parte, el médico Francisco Roberto Mignolla rememoró que les llegaron las resoluciones de Cerisola “en las que él se autorizaba a sí mismo a para decidir sobre los dineros de YMAD, se atribuía funciones a sí mismo para contratar empresas”. “Nos llegó un plan de obras y un informe acerca de cómo se había utilizado el dinero de YMAD, con obras, algunas ya realizadas y otras en ejecución”. Y aseveró que “había planteamientos con respecto a la casa 8 de San Javier ya que el monto presupuestado era más alto con lo que estaba en valor de plaza, o eso se decía”. Por todo esto, dijo, “hubo un rechazo y la principal causa fue que se habían hecho depósitos no sólo en bancos sino también en empresas financieras”. Y luego habló de la discrecionalidad del destino de las obras. “En la facultad de medicina nos dieron dos tarros de pintura y una bolsa de cemento. Nunca se nos dijo cuáles habían sido los criterios para distribuir las obras”.

Finalmente fue el turno del actual ministro de Obras Públicas de la provincia, Santiago Yanotti, quien era consejero por el estamento estudiantil cuando se inició la investigación. Él aseguró que “nunca se puso en conocimiento al Consejo de las resoluciones hasta que lo pedimos”. “Hubo críticas, nos opusimos a esa forma de gestionar, entendíamos que no se había respetado al Consejo Superior”, afirmó. Y recordó que “se hicieron remodelaciones de lujo, baños con jacuzzi, en vez de poner la plata en otro lado que hiciera falta”.

El juicio sigue el 13 y el 14 de agosto

Las próximas audiencias del proceso fueron fijadas para el 13 y 14 de agosto. Para ayer había 10 testigos llamados, pero por lo avanzado de la hora se desistió de cinco de ellos: Laura Andrea Arapa, Silvia Graciela Manca, María Isabel Ferrari, Ricardo Enrique Sobral y Alberto Bruno Andrada, quienes serán los primeros en declarar al reiniciarse el debate.