“Lo único que falta es que una heladería saque un sabor a coca. Es increíble que todavía se esté discutiendo si la venta de hojas es legal o no no”, renegó Juan Carlos Estévez. “Aquí en Salta y en Jujuy es más fácil conseguir hojas que tortillas. Nadie le da bola al tema de la prohibición. No quiero hablar más porque ustedes sacarán una nota y el producto aumentará en el acto”, agregó antes de subirse a su Toyota Hilux.
Este es el típico caso del “sí, pero no”. En el país se puede coquear, pero no se puede introducir el producto de Bolivia ni producirlo. También está prohibida su comercialización. “No se puede ir en contra de las costumbres de la gente. Es muy chistoso escuchar que dicen que está prohibido y lo venden hasta a la par de las iglesias”, ironizó Fernando Décima.
Mario Ramírez tiene 75 años. Es productor agrícola y desde hace más de 40 que coquea. “Los tiempos van cambiando. En mis tiempos de juventud había que caminar mucho. No se vendía en todos lados. Por mi actividad, si no la compraba en Salta, les pedía a mis amigos que trajeran cantidades importantes. Eso sí, veníamos con el corazón en la boca porque si te agarraba la cana, terminabas preso”, recordó el hombre. “Ahora me causa gracia porque mis nietos consumen las saborizadas, las despaladas, las que tienen estevia… Mamita, cómo cambian las cosas. Lo único que no cambia es el negocio que hay detrás de esta costumbre. Los políticos saben que si regulan esta actividad, se les caerán los ingresos a muchos”, añadió.
Pedro Cabrera, otro hombre que peina canas, dijo que el cambio de mentalidad influyó en el desarrollo del consumo de este producto. “Esta es una práctica milenaria que fue creciendo con el correr de los años porque dejó de ser mal vista. Al principio quedabas mal, pero ahora es común que se la consuma en los lugares de trabajo. Me causa gracia porque mis nietos me regalaron una especie de estuche para guardarla. Ahí me di cuenta de que el coqueo también genera otras actividades económicas”, opinó.
El traslado
Los especialistas explican que fueron los camioneros y los conductores de micros de larga distancia los responsables de difundir los beneficios del coqueo y por esa razón a lo largo y ancho del país los puestos de venta de coca están a la vera de las rutas o cerca de las estaciones de servicio o comedores. También hicieron lo suyo los trabajadores golondrina que van de una provincia a otra para trabajar.
El valor del producto se va incrementando mientras se aleja de la frontera. En Salvador Mazza o La Quiaca, según los últimos reportes, el valor del cuarto (250 gramos) es en promedio de $5.000. En Salta y en San Salvador de Jujuy llega a $12.000. En Tucumán ronda los $17.000. En Córdoba, por ejemplo, una bolsita de 100 gramos no baja de los $8.000, mientras que en Corrientes una de 50 gramos puede cotizarse a por lo menos $10.000.
La polémica por la comercialización de este producto es antigua. Desde hace más de 100 años que se debate el tema y nunca hubo una solución de fondo (ver “Un largo derrotero legal de una norma que no se cumple”). Es imposible determinar cuál es el volumen de ingreso de coca al país. Tampoco hay un registro de cuántos locales la comercializan. La falta de estadísticas tiene una sola razón de ser: es una actividad ilegal.
Sí se puede hacer un cálculo en base al secuestro que realizan las autoridades en las rutas. En el marco del Operativo Lapacho, entre el 1 de noviembre y el 26 de julio, los policías secuestraron 4.400 kilos. En la calle, esa cantidad, según los cálculos que realizaron los funcionarios supera los $232 millones. Eso es lo que se decomisa, lo que pasa y lo que termina en las bocas de expendio es un misterio.
Otro dato que es importante: con el boom del comercio virtual, más de la mitad de los envíos se hacen a través de encomiendas, lo que hace más difícil que sean detectados. “También tenemos muchos casos de camioneros que trasladan coca como una manera de obtener ingresos extras. Hacen el servicio para otras personas que se dedican a comercializarla”, indicó el comisario Fabio Ferreyra, que está al frente del Operativo Lapacho.
El funcionario señaló que el material secuestrado debe quedar en custodia de la Dirección General de Aduanas, pero ante la falta de espacio, terminan apilándose en los puestos y se secan”, comentó. Ferreyra reconoció que hasta el momento el organismo no pidió que se las entregaran para quemarlas. “No es común que se destruya el producto. Recuerdo que hace un par de años hubo una quema en una cantera de Cevil Pozo. Ese día hubo un montón de gente que después de que se retiraran los gendarmes comenzaron a quedarse los paquetes que se habían salvado”, relató.
Iniciativa
El diputado nacional por Jujuy Jorge Raúl Rizzotti intenta que a través de una ley se regularice la importación, la distribución y la comercialización del producto. “Está todo contemplado. Desde la importación, pasando por el acopio y terminando hasta la venta. No hay nada librado al azar y lo único que se busca es poner punto final a numerosas irregularidades de una costumbre que se transformó en un millonario negocio para unos cuantos”, resumió el legislador radical, que contó con el apoyo de cinco pares, ninguno del NOA.
El parlamentario presentó este proyecto en 2022, pero al cambiar el Gobierno, perdió el estado parlamentario. En mayo pasado volvió a insistir. “Tengo la esperanza de que se trate. Es un tema urgente, pero lamentablemente no llama la atención por el desconocimiento que tienen los pares sobre el tema”, dijo a LA GACETA. “Algunos no entienden que esta es una tradición milenaria de nuestro pueblo y otros piensan que esto será abrir la puerta para que se elabore cocaína. Pero en realidad, los volúmenes que se necesitan para producir esa droga son enormes y al narco le conviene comprar directamente el estupefaciente”, resumió.
“A muchos no les conviene que la importación y la comercialización sean reguladas”, añadió. “No sólo bajarán el costo del producto, sino que además se acabarán todos los otros negociados que hay por detrás”, finalizó.
Lo que plantea el proyecto
- Considerar la práctica del coqueo como el derecho que tiene toda persona a reafirmar una identidad cultural, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra característica personal.
- Autorizar la importación, la distribución, la venta minorista, la tenencia y el consumo de hojas de coca en estado natural destinadas a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión.
- Otorgar licencias o autorizaciones para la importación, transporte y comercialización de la hoja de coca en su estado natural.
- Fiscalizar el origen y destino de la hoja de coca, estableciendo las rutas de circulación desde los centros de importación a los mercados autorizados.
- Procurar que su transporte por cualquier medio se realice a través de los puntos de control dispuestos a tal efecto
- Regular las cantidades permitidas de hoja de coca para la comercialización y transporte desde los centros de importación a los mercados autorizados, y de estos hasta su destino final para el consumo.
- El fraccionamiento de dichas cantidades no podrá exceder los 200 gramos de hoja de coca.
- La importación y almacenamiento a granel de las hojas de coca sólo podrá realizarse en plantas ubicadas en las provincias de Jujuy, Formosa y Salta.
- Los que no cumplan con esta disposición deberán pagar multas de entre 10 y 300 salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de reincidencia, se les revocará la licencia.
Tendencia: la prohibición no impide un aceitado sistema de comercialización difícil de controlar
La comercialización de hojas de coca fue avanzando con el correr de los años, pese a todas las restricciones legales. De salir a buscar los puestos clandestinos de venta, hoy un coqueador no sólo puede adquirirla en cualquier lugar, sino que accede a promociones como recibirla como obsequio si el cliente cumple años o por la compra de determinados productos, especialmente bebidas.
“Lo tenemos como un servicio más. Era impresionante la cantidad de gente que venía y nos preguntaba si la comercializamos. Desde ya te digo que no nos salvamos con lo que vendemos, es un extra. Por ahí te llevan las hojas, bicarbonato y bebidas. Es un señuelo”, dijo Juan Pablo Núñez, encargado de un drugstore de Barrio Norte. “¿En serio que es ilegal la venta? No sabía, pero todos la venden. Le diré al dueño para que tenga cuidado porque hasta carteles puso”, añadió.
Es tan polémico el tema que las autoridades municipales y policiales hablan en off sobre esta situación. Los responsables de habilitar los locales explicaron que la mayoría se inscribe para comercializar productos de quioscos y terminar vendiendo coca. Las fuerzas de seguridad también indicaron que humanamente es imposible controlar a todos los locales de estas características que existen en la provincia. “Apostamos por los secuestros de grandes cantidades y la función del Operativo Lapacho es justamente impedir el ingreso de cargas. Es uno de las productos que incautamos”, señaló el jefe de Policía Joaquín Girveau. “Sí creo que todas las fuerzas de seguridad y las autoridades de todos los municipios debemos colaborar para regular”, añadió.
“Hay que sacarse la careta. Si venden es porque pagan coimas para hacerlo. Eso es el mercado negro”, comentó Mariano Jerez. “Es menos perjudicial para la salud coquear que fumar un cigarrillo. Pero el negocio para recaudar por izquierda parece más importante que regular”, concluyó.