Las llamas que genera el Estado con su inacción

¿Qué tienen en común la venta de hojas de coca, el crecimiento del tráfico de marihuana y los incidentes generados por bagayeros? A todos los unen los grises legales que permiten la existencia de estructuras que generan millonarias ganancias. Pero lo más grave es que todo esto sucede frente a la inacción de un Estado que pareciera no encontrar la solución a problemas que tiene varias décadas de vida.

El coqueo es una cuestión que se viene discutiendo desde hace más de 100 años. En el siglo pasado esta costumbre fue aceptada por las autoridades. En 1978, a través de un decreto de la Dictadura Militar, pasó a ser considerada como droga y las autoridades prohibieron su consumo en todo el país. Nadie cumplió con la orden y el coqueo fue extendiéndose por todo el país. En 1989, el ex senador y gobernador de Jujuy Guillermo Snopek logró que se aprobara una ley y se habilitó el consumo. El dictado de la norma no le quitó la tonalidad gris que dejan los vacíos legales. Se autorizaba el uso del producto, pero se mantenía la prohibición de ingreso, la producción del vegetal y la comercialización en nuestro territorio.

Obviamente que nada cambió y hasta dio lugar a una situación histórica. Por la pandemia, en 2020, se cerraron las fronteras y durante algunos meses fue prácticamente nulo el ingreso de coca al país. La poca que ingresaba se pagaba en oro y gran parte de la población no podía acceder a ella. La situación se tornó desesperante en Salta y Jujuy. En mayo de ese año, ante el creciente reclamo popular, el ex gobernador jujeño Gerardo Morales (luego lo imitaría su par salteño Gustavo Sáenz) solicitó formalmente a la Justicia Federal que entregaran cargamentos de hojas que habían sido secuestradas para repartirlas entre la población. Los funcionarios judiciales aceptaron el reclamo y las autoridades terminaron repartiendo 864 kilos en bolsas de 20 gramos cada una. El Estado, que debería luchar contra el ingreso del producto, terminó regalando más de 17 millones de envoltorios.

El diputado nacional jujeño Jorge Raúl Rizzotti presentó en 2022 un proyecto de ley para solucionar este centenario debate. Su iniciativa contempla que se autorice la importación de hojas de coca, que sean ubicada en depósitos de Salta y de Jujuy y que de allí las distribuyan a todo el país. “La idea es que haya un control y, por supuesto, se le apliquen las tasas tributarias correspondientes que irán a las arcas del Estado”, resumió.

La iniciativa no prosperó y perdió estado parlamentario. El legislador insistió con su tratamiento en mayo pasado. “No cuento con el apoyo de mis pares de la región. En el primero sí conté con la colaboración de un par formoseño que había sido juez federal y entendía lo que estaba pasando. Hay un profundo desconocimiento sobre el tema. Eso sí, cuando hay sesiones que duran más de 12 horas, muchos colegas nos piden hojas a los norteños”, resumió.

Rizzotti también sabe que hay muchos intereses que atentan contra la iniciativa. “¿Sabe cómo les decimos en Jujuy a los que venden hojas? ‘Fernet’, porque se hacen ricos con la coca”, ironizó. “A muchos no les conviene que la importación y la comercialización sea regulada”, añadió. “No sólo bajará el costo del producto, sino que además se acabarán todos los otros negociados que hay por detrás”, opinó.

En la zona de frontera, el cuarto del producto tiene un valor promedio de $5.000. En las calles salteñas y jujeñas entres y $10.000 y $12.000 y en Tucumán, $17.000. En Corrientes, la bolsa de 25 gramos se vende a $10.000 y en Córdoba, a $8.000. El encarecimiento tendría que ver con los sobornos que deben pagar para ingresarla al país, transportarla y comercializarla.

La ley del “faso”

El Estado también favorece otros mercados negros por su inacción. En el primer semestre de este año, sólo Gendarmería Nacional secuestró en todo el NOA 365 kilos de flores de marihuana, casi un 70% más de los 216 kilos decomisados en los primeros seis meses de 2023. Los especialistas en la materia sostienen que este incremento estaría relacionado con dos razones. La primera, que la producción de cannabis dejó de ser exclusividad de los paraguayos y que en la zona limítrofe de Argentina y Bolivia habría grandes plantaciones. La otra, la demora en otorgar las autorizaciones para cultivar el vegetal, por lo que a los consumidores no les queda otra que recurrir a la ilegalidad.

El Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) es una base de datos diseñada para anotar a quienes cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Presentando un certificado médico en el que confirme una dolencia, cualquier argentino puede cultivar un máximo de nueve plantas y transportar 40 gramos y hasta seis goteros de hasta 30 milímetros. El permiso tiene una duración de tres años y la renovación, en la que el solicitante debe cumplir los mismos requisitos que la inscripción, en principio debe tardar dos meses. Pero la realidad indica que la demora es de hasta cuatro meses. Ante esta situación, el cultivador tiene dos alternativas: producirla ilegalmente o conseguirla en el mercado negro. Las autoridades de la Nación sostienen que la tardanza se debe al análisis exhaustivo de la nómina de inscriptos que sería de más de 200.000 personas.

El penalista y magíster en política criminal Patricio Char señaló: “además de demoras propias de la burocracia, empeoradas ahora por el desfinanciamiento de políticas públicas, hay una falta de información y capacitación abismal. Se sigue con la vieja creencia que el cannabis es un estupefaciente y que debe ser perseguido quien lo consuma. Esto conlleva muchas injusticias que sufren los ciudadanos, que, al ser arrestados y despojados de su medicina legal, recaen en el mercado negro”. “Paradójicamente se dice que se lucha contra el narcotráfico y lo único que se está haciendo es agrandarlo”, finalizó.

De bagayos

La Real Academia Española define como bagayeros a las personas que realizan contrabando en pequeña escala. En el NOA hay una verdadera industria de esta actividad que no está permitida. Hace más de 30 años que todos los gobiernos anuncian que buscarán alternativas para regularizar el “trabajo”, pero nunca pudieron hacerlo. Hoy, hay toda una estructura montada para facilitar el ingreso de mercadería ilegal que termina favoreciendo la evasión fiscal y atentando contra la ley de marcas. El miércoles, pasajeros de un tour de compras prendieron fuego al micro en el que se trasladaban. Los investigadores manejan dos teorías: lo hicieron para evitar que encuentren droga que llevaban oculta o para protestar porque habían pagado sobornos para que no se les secuestraran los productos que trasladaban.

De acuerdo a los testimonios recogidos, los responsables de cada tour abonarían entre $300.000 y $400.000 y unos $10.000 pagaría cada persona. Esa sospecha no sólo cobró fuerza con el incidente de la semana pasada, sino con una investigación realizada en Santiago del Estero. El año pasado se desbarató una organización integrada por bagayeros y gendarmes que favorecían el contrabando de prendas de vestir, artículos textiles, cubiertas de automóviles y hojas de coca. ¿Qué pasaría si se creara un sistema de arancelamiento de mercadería en la frontera? ¿Existirían estos negocios millonarios? ¿Se podrían montar redes de corrupción? El Estado debería responder estos interrogantes.