Moverse hacia lo desconocido puede producir ansiedad y miedo; perder el control de una circunstancia y salir de la zona de confort preocupa. Por eso es que los tucumanos no dejan de hablar del próximo cambio de sentido que sufrirán dos calles importantes del centro tucumano: Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo.
Desde que la Municipalidad capitalina informó que en los próximos días se implementará el cambio de sentido en esas arterias, los tucumanos se hicieron escuchar. “Un cambio que no va a beneficiar a nadie”, “demasiada publicidad para un tema que no solucionará los problemas de fondo que tiene el tránsito en la ciudad” o “nadie explica para qué. Quieren complicar...” son algunos de los comentarios que dejaron los lectores de LA GACETA en las últimas publicaciones sobre el tema.
La misma imagen de descontento se repitió entre los comerciantes de ambas calles, según un sondeo que realizó LA GACETA. La novedad forma parte de un ambicioso Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) que tiene como objetivo reorganizar el tránsito vehicular en la ciudad. Lo único que resta -advirtió a este medio Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana- es que el área de Obras Públicas complete la tarea de modificar la orientación de los semáforos en ambas calles.
Luis Lobo Chaklian, a cargo de esa cartera, detalló que se está llevando a cabo una evaluación final de los cambios que todavía resta realizar para establecer el tiempo de ajuste faltante para el cambio de sentido. Además de los semáforos -enumeró- resta modificar nomencladores, agregar señalética, notificar a los vecinos y una comunicación masiva a la sociedad. Mientras tanto, las voces a favor y en contra se dividen.
Necesidad de medición
“Lo que nosotros tenemos que tener claro es que San Miguel de Tucumán se comparte con otras ciudades del área metropolitana. Es decir, con acciones como esta estamos interviniendo sobre el sector central del área, pero a la movilidad hay que verla desde los flujos de este aglomerado, que tiene así casi un millón de habiantes, contando a quienes se movilizan desde y hacia la capital. Esta área enfrenta desafíos para el sistema público de pasajeros, que requiere una planificación detallada. El objetivo principal debe ser conseguir un sistema de tránsito eficiente a nivel social, ambiental y económico”, afirma la urbanista Marta Casares, directora del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la UNT.
La especialista fue consultada a partir de la polémica generada por el cambio de calles. Casares considera que este cambio de sentido de circulación es una medida que “puede eventualmente mejorar la calidad de los flujos del tránsito, pero sólo si está inserta en un conjunto de medidas, que creo que están en el Plan de Movilidad, aunque no se ha hecho público”. Además, asegura que para evaluar el éxito o fracaso del cambio será necesario contar con herramientas de medición.
Complementos
Los cuestionamientos de los vecinos son, en general, relacionados a la medida como un hecho aislado, pero Casares advierte que analizar así la medida es erróneo, “aunque así es cómo lo reciben los ciudadanos -reflexiona-; hay una gran cantidad de dificultades en el tránsito. Tiene que haber una política de fomento del transporte público sostenible, y sin duda campañas para concientizar; pero para ello debemos tener un transporte público eficiente, señalización inteligente y otras grandes deudas, como una gestión del estacionamiento vinculado al código urbano. Hay dificultades, y esto es un paliativo si no se complementa con otras medidas, si no se hace infraestructura para bicicletas, si no se mejoran las paradas de colectivo...”, enumera y explica que todas esas necesidades influirán finalmente en la calidad de la movilidad y en la tan esperada disminución de congestión del tránsito.
“Tenemos un sistema muy anacrónico del diseño de la movilidad; hay una visión restringida y es necesario ver la ciudad desde la complejidad del área metropolitana -añadió-. El gran desafío que tienen todas estas medidas que se implementan es el de incluir mecanismos para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, y que se incorporen opciones sostenibles”.