Los clanes Toro y Carrión quedan otra vez en la mira de la Justicia

Los clanes Toro y Carrión quedan otra vez en la mira de la Justicia

Luego de ocho años, la Fiscalía busca adecuar una causa por homicidio y tentativa de homicidio protagonizado por miembros de ambos grupos.

CRIMINALÍSTICA. Peritos de la Policía estudian la escena del crimen de Luciano Gastón Calderón, en Blas Parera al 500, donde recogieron vainas. CRIMINALÍSTICA. Peritos de la Policía estudian la escena del crimen de Luciano Gastón Calderón, en Blas Parera al 500, donde recogieron vainas. La Gaceta / foto de Diego Aráoz
24 Julio 2024

Las violentas peleas entre los clanes por la disputa territorial para la venta de droga no son novedad. Durante años numerosos grupos familiares resonaron en la vida urbana de Tucumán por el terror que generaron en la sociedad debido al número de muertos y heridos que dejaron durante sus enfrentamientos y ajustes de cuenta.

Algunos de estos episodios fueron investigados por la Justicia y llevados a juicio; otros quedaron a mitad de camino y en otros pasaron años hasta que se pudo tener claridad. Esto último fue lo que ocurrió tras una furiosa pelea entre el clan Toro y el clan Carrión en abril de 2016, que provocó la muerte de un joven de 20 años y graves heridas de bala a un hombre de Villa 9 de Julio.

El 29 de abril de 2016 alrededor de las 13, Luciano Gastón Calderón (de 20 años) circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Blas Parera. Al llegar a la altura del 500 fue acribillado. Los primeros datos de la investigación apuntaron contra un tal “Quemarrancho”, un “soldado” de los Carrión, como el principal sospechoso de haberle disparado en el pecho. Calderón fue trasladado al hospital Centro de Salud, pero falleció antes de llegar al nosocomio.

“La venganza no tardó y familiares de la víctima fueron a buscar a uno de los supuestos homicidas; no lo encontraron, pero descargaron toda su ira en el cuerpo del padre, que recibió cuatro disparos. A las 15.10, un tal ‘Coco’ Toro se presentó en Gobernador Gutiérrez al 1.300 en busca de ‘Loco Ger’, un menor de 14 años, que habría acompañado a ‘Quemarrancho’ en el mortal ataque. No lo encontró, pero no dudó en disparar contra José Antonio Rodríguez, padre del adolescente. Antes de disparar le habría dicho: ‘Tu hijo ajustició al mío hace un rato ¡Tomá!’. Recibió cuatro balazos”. Así describió el hecho LA GACETA en su edición del 22 de junio de 2016 al hacer un recuento de todos los enfrentamientos que hubo durante el primer semestre de ese año en Villa 9 de Julio.

Rodríguez estuvo internado en el Hospital Padilla en estado reservado pero al cabo de unos días se recuperó y fue dado de alta.

La situación encendió las alarmas dentro de la Policía por temor a que hubiera disturbios mayores entre ambos clanes, por lo que se reforzaron las medidas de seguridad en la zona y rápidamente comenzaron las pesquisas. A los pocos días se presentó en Tribunales Carlos Alberto Carrión (de 18 años en ese momento) y quedó privado de su libertad. La fiscala María del Carmen Reuter fue la primera investigadora en dirigir el expediente, que a día de hoy continúa sin cerrarse.

Con el pasar de las semanas, la división Homicidios y Delitos Complejos de la Policía llevó a cabo diversas medidas de allanamientos y algunas detenciones.

Estado actual

Actualmente la causa está en la Fiscalía de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale. Está caratulada como homicidio y homicidio en grado de tentativa y tiene a cinco imputados: Hugo Leonel Pedraza; Carlos Alberto Carrión; Martín Eduardo Toro; Gerardo Andrés Toro y Germán Mauricio Rodríguez.

Según le informó a LA GACETA una fuente cercana a la investigación, ayer -ocho años después del macabro episodio-, iba a celebrarse una audiencia de adecuación para adaptar el caso al Sistema Adversarial, ya que el hecho ocurrió antes de la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán y hubo menores de edad involucrados. El objetivo también era dictar el sobreseimiento de algunos imputados y comenzar a definir quiénes serán los acusados y los pasos previos para poder elevar la causa a juicio, pero se vio interrumpida debido a que el abogado defensor de uno de los involucrados no se presentó a la audiencia.

Ahora las partes deberán agendar una nueva fecha para intentar comenzar a alinear las cuestiones preliminares para poder finalizar el expediente luego de ocho años.

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