23 Julio 2024
Allanamiento de la Gendarmería en el Escuadrón de Caballería de Blindados 2 (ex Regimiento de Caballería 12) de Gualeguaychú, en una causa por abuso sexual
El mayor Juan Facundo Candiotti, exjefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada N°2 de Gualeguaychú, enfrenta nuevas acusaciones por parte del fiscal federal Pedro Rebollo. Candiotti, quien ya está procesado por encubrir abusos sexuales cometidos por militares bajo su mando, ahora está siendo investigado por la posesión y descarga de pornografía infantil a través de la aplicación Telegram. Durante la investigación de su anterior encubrimiento, se descubrieron 249 videos y 69 imágenes de menores de 13 años en situaciones de abuso sexual en su teléfono.
El descubrimiento de este material surgió mientras se examinaba el celular de Candiotti en busca de pruebas relacionadas con los abusos sexuales en su cuartel. La Fiscalía, junto con la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Gualeguaychú, reportó la presencia de 318 eventos de contenido sexual infantil en su dispositivo, todos descargados de Telegram. El análisis del material y del dispositivo llevó a la conclusión de que Candiotti era el usuario del celular durante las fechas en que se realizaron las descargas.
La investigación reveló que la aplicación Telegram había sido eliminada del dispositivo, lo que impidió identificar posibles grupos o participantes en la distribución de este material. Sin embargo, las pruebas sugieren claramente que el material encontrado pertenecía a Candiotti. Como resultado, el fiscal Rebollo ha solicitado una nueva declaración indagatoria para el mayor, acusándolo de tenencia de pornografía infantil, un delito penado por el artículo 128 del Código Penal argentino.
El artículo 128 del Código Penal estipula penas severas para quienes produzcan, financien, distribuyan o incluso posean material pornográfico infantil. En el caso de Candiotti, la acusación se centra en la posesión de material explícito donde las víctimas son menores de 13 años, lo que conlleva una pena más grave debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
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