¿Qué dice el proyecto de reforma constitucional que impulsa un sector del peronismo?

¿Qué dice el proyecto de reforma constitucional que impulsa un sector del peronismo?

La iniciativa contempla el modo de selección de los magistrados, la incorporación de derechos y cambia la elección de legisladores en la Capital.

¿Qué dice el proyecto de reforma constitucional que impulsa un sector del peronismo?

¿Cómo se repartirían las bancas entre las circunscripciones electorales?

El proyecto de Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Noguera, Christian Rodríguez, Gabriel Yedlin y Alberto Oleapropone dividir la provincia en 11 circunscripciones con la cantidad de legisladores que la representen, que en su mayoría coinciden con la organización departamental de Tucumán. Así, después de Capital (19 bancas), en el reparto de escaños le siguen Cruz Alta con seis bancas (172.708 electores) y Tafí Viejo (5), que cuenta con 124.453 votantes. Con tres bancas estarían Yerba Buena (79.158), Lules-Famaillá (90.074), Tafí del Valle-Monteros (73.9423), Chicligasta   (70.263) y Alberdi- Río Chico-La Cocha (95.180). En tanto, con dos bancas cada uno cierran Simoca-Graneros (41.536), Leales (51.038) y Burruyacu-Trancas (54.941).

¿Y en el caso de la capital?

Según esta iniciativa, San Miguel de Tucumán mantendría las 19 bancas que actualmente ostenta, aunque el reparto sería diferente. Los peronistas ligados al vicegobernador Miguel Acevedo proponen crear cinco circunscripciones vecinales. Estas serían la Central (con tres bancas y 71.391 electores) y con cuatro cada una estarían las Noreste (91.477), Sureste (102.016), Suroeste (96.184) y Noroeste (97.716). “Este enfoque permitirá que los vecinos se sientan más cercanos a sus representantes, quien deberá tener domicilio en la circunscripción correspondiente. "Esta propuesta se fundamenta en la convicción de que cuanto más cercano sea el representante al barrio que representa, mayor será su compromiso y conocimiento de las problemáticas locales, lo que redundará en una representación más efectiva y comprometida”, argumentaron.

¿Qué proponen sobre el gasto político y el número de ministerios?

“Establecer en el texto constitucional que el presupuesto del Poder Legislativo no podrá superar un 4% del presupuesto provincial. Logrando de esta forma que el gasto total del poder político de la provincia jamás supere dicho porcentaje. Asegurando previsibilidad e independencia, indistintamente del color político del gobierno provincial.  Así también en la búsqueda del equilibrio fiscal consideramos prudente limitar constitucionalmente la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo provincial. Si bien tradicionalmente el número de ministerios surge del pedido del gobernador al momento de la asunción creemos que limitar el número a ocho es una medida razonable. En ese número pueden claramente ordenarse las cuestiones prioritarias de nuestra provincia”.

¿Cómo sería el reparto de la coparticipación?

Los peronistas firmantes proponen una distribución automática de la Coparticipación Provincial. “Establecer una distribución automática que tenga en cuenta las características propias de cada departamento de nuestra provincia. Como así también establecer límites porcentuales a lo destinado en contrataciones de Personal”, expusieron.

Límite de edad para contratar personal

“Establecer constitucionalmente un límite de edad para la presentación a cargos electivos y ministerios. También para miembros del poder judicial y tribunal de cuentas y demás cargos sine die de la provincia. Proponemos que sea de 70 años promoviendo así la renovación dirigencial y dejando de lado la gerontocracia”.

Concursos para entrar al Estado

“Promover el acceso a ciertos cargos mediante concursos públicos, garantizando la transparencia y la meritocracia en la administración pública”.

Auditoría Civil de las Fuerzas de Seguridad

“Este organismo permitiría supervisar y evaluar el cumplimiento de las normativas y procedimientos policiales, así como investigar posibles casos de abuso de autoridad, corrupción o violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales”.

Acceso a la Información Pública

“Otorgar rango constitucional al libre acceso a la información sobre presupuestos y la ejecución de todos los organismos del Estado. Este derecho garantiza que los ciudadanos puedan acceder a información clara y detallada sobre cómo se gestionan y utilizan los recursos públicos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas”.

¿La gente elegirá al defensor del Pueblo?

“Proponemos que la elección del Defensor del Pueblo se realice mediante el sufragio popular, en un proceso transparente y participativo que involucre a toda la ciudadanía. El Defensor del Pueblo debe ser una figura independiente y autónoma, con la capacidad de actuar con imparcialidad y eficiencia en la defensa de los derechos humanos y la supervisión de la administración pública. Entendemos que no debe ser designado por el gobierno de turno ni por la cámara legislativa, sino elegido por el voto directo de la ciudadanía”.

“Nuevos” derechos humanos: seguridad y conectividad digital

“Proponemos reconocer el derecho a la seguridad pública como un derecho fundamental de todo habitante de la provincia. Es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana y la protección de las personas a través de políticas y acciones integradas que aseguren la convivencia pacífica, el orden y la tranquilidad, previniendo toda forma de violencia y discriminación”. A su vez, plantean que se garantice como derecho humano el acceso a la conectividad digital. “Garantizar la conectividad digital permite enfrentar la brecha digital, promover la inclusión social y generar igualdad de oportunidades en términos de innovación tecnológica y competitividad en un mundo cada vez más interconectado. En este contexto, el 9 de junio de 2011 las Naciones Unidas reconocieron que acceder a Internet es un derecho humano”, redactaron.

Incorporación de los seres sintientes

“Los animales son considerados en la actualidad como cosa en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, no obstante que la jurisprudencia y reconocida doctrina ha venido avanzando en modificar esta categoría jurídica. Los animales domésticos son seres sintientes que gozan de derechos propios como parte de la obligación de respeto a la vida y protección de su integridad”, justificaron.

Metropolización del Gran San Miguel de Tucumán

“Debemos generar un Área Metropolitana que cohesione la administración de un mismo espacio geográfico con diversas incidencias y similares problemáticas, consolidando una cooperación interinstitucional con una planificación multidimensional y a través de mecanismos de gobierno coordinados de manera integral por los distintos efectores públicos”.

Revisar el régimen de comunas rurales

“Son insostenibles las asimetrías existentes entre localidades con mayor cantidad de habitantes que carecen de servicios de calidad contra otras que ostentan mayor rango institucional, otorgados por la actual ley orgánica de municipios. El mapa político de nuestra provincia es producto del devenir histórico y de parches o soluciones en las que la normativa trató de ir acompañando la modificación de lo que se entendía por comunas rurales. Así tenemos 19 municipios y 93 comunas rurales. De ellas no menos de 13 tienen más población que algunos de nuestros municipios”.

Estudios secundarios para ser gobernador

“Establecer que el nivel educativo para ser parte de la fórmula de gobernador y vice sea el de tener secundaria completa como mínimo”.

Exámenes psicofísicos para los magistrados y funcionarios judiciales

“Es necesario que los magistrados sean evaluados periódicamente sobre su estado de salud psicofísico para garantizar que su desempeño funcional sea eficiente. Asimismo, para garantizar la idoneidad y transparencia, los magistrados deberán contar con una continua y permanente capacitación. 

¿Cómo se seleccionarían los magistrados?

“Dar rango constitucional al sistema de selección de magistrados basado en criterios objetivos y transparentes, garantizando la idoneidad y la independencia del poder judicial”, expusieron. “Respecto de la conformación del Consejo de la Magistratura, este debería guardar un equilibrio y proporcionalidad entre todos los sectores que hacen a la vida institucional y en relación al orden jurídico, por lo que debería reconocerse que el mismo debería estar compuesto por representantes de los abogados, la academia, los jueces, la legislatura, quiénes propondrán una terna al Poder Ejecutivo”.

Rango constitucional a los ministerios Público Fiscal y de la Defensa

“Incorporar a la Constitución Provincial los institutos tales como el Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Publico de la Defensa que han demostrado ser efectivos en la promoción de la justicia, asegurando su permanencia y aplicación efectiva”.

Eliminar la mayoría especial para la acusación del gobernador y vicegobernador

Otro asunto polémico que proponen es la eliminación de la diferencia de mayoría especial para la acusación del gobernador y vicegobernador en comparación con los vocales de la Corte Suprema de Justicia, que fue declarada inconstitucional. Esto, dijeron, con el fin de armonizar con el artículo 48 de la Constitución.

Sin feria judicial ni sesiones extraordinarias

Los legisladores peronistas que firmaron el proyecto pretenden abandonar el concepto de sesiones ordinarias y extraordinarias. “La casa de las leyes debería tener un trabajo continuado durante todo el año, como ocurre con el ejecutivo provincial. Las sesiones del año deberían empezar el primer día hábil del año y terminar el último día hábil, respetando todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Legislativo”, dijeron. De la misma manera, proponen lo mismo con el Poder Judicial. “También nos parece apropiado que el Poder Judicial deje de lado la idea de feria judicial. La demanda social de justicia existe los 365 días del año. Creemos en tribunales siempre abiertos. Esto no significa una modificación del régimen laboral para los integrantes de dicho poder, sino una cuestión de organización interna”, remarcaron.

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