Pediatras piden al Gobierno nacional no jugar con la salud de las infancias

Las medidas sociales adoptadas por la gestión del presidente Javier Milei siguen siendo resistidas y cuestionadas por distintos sectores de la ciudadanía. En los últimos días, pediatras de todo el país, en su mayoría miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, expresaron su preocupación y “consternación” ante lo que consideran de “gravedad” por impedir “el acceso de miles de niñas, niños y adolescentes a una alimentación básica imprescindible para su normal crecimiento y desarrollo”.

“Es sabido que desde hace tiempo sus familias no pueden ser su núcleo de comensalidad en el hogar y que miles de organizaciones sociales, ecuménicas, de apoyo escolar, entre otras, han desarrollado comedores y merenderos que los asisten ante la carencia. La decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional, de modificar la estrategia de sostén nutricional que desarrollaba el Ministerio de Capital Humano sin reemplazarla por otra que garantice la continuidad de la alimentación de las niñeces y sus familias, atenta contra su vida presente y futura”, expresaron los profesionales de la salud en el comunicado publicado.

En la carta pública dirigida al Gobierno nacional sostuvieron que desde especialidad médica y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), ellos son “corresponsables”, junto a la familia y la comunidad, de velar por sus derechos de las infancias. “Como voces obligadas en defensa de su salud y frente a la falta de perspectiva de solución inmediata y mediata de este drama, exigimos la urgente reflexión de las autoridades para que cese de manera inmediata la decisión de desfinanciar los programas de seguridad alimentaria, respetando las leyes vigentes. Los indicadores socioeconómicos del INDEC, de alcance público, muestran la progresiva y profunda inequidad en la distribución de los recursos en Argentina, que pone en riesgo toda la vida social, incluso el acceso a los alimentos básicos. Las consecuencias están siendo graves en los sectores de menores recursos”, remarcaron.

Respuesta del Congreso

A partir de la publicación de la carta, los profesionales de la salud encontraron respuestas en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de la intervención del presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez y el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin.

En el marco de la reunión que mantuvieron el último martes, Martínez afirmó que escuchar la palabra de los pediatras permite “darle la dimensión humana y política que tiene el incremento de la demanda alimentaria en todo el país".

"Vivimos en los centros infantiles, en los hospitales y vemos madres que se desmayan por hambre y niñas y niños que no están siendo atendidos porque el gobierno nacional cortó las transferencias directas a los comedores", relató la pediatra Gabriela Bauer.

En diálogo con LA GACETA, el diputado Yedlin remarcó la importancia de escuchar a los representantes del sector porque son ellos quienes “mejor conocen la situación real de las infancias en Argentina” y porque además ellos sienten que “son responsables de alguna manera de avisar y de poner en alerta al gobierno”

“Esta situación pone en evidencia, por un lado, el aumento de la indigencia y la pobreza debido a la recesión que vive el país desde el gobierno de Milei, y por otro lado, la baja en los planes de asistencia a las infancias. Todo esto constituye un combo muy peligroso”, enfatizó el diputado nacional por Tucumán. Ante este escenario, Yedlin sostuvo que los planteos realizados por el conjunto de pediatras serán elevados a la ministra Sandra Pettovello y al secretario de Salud, Mario Russo, con el objetivo de ser escuchados.

En la mira de la Justicia

El último fin de semana, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la orden emitida por el juez Sebastián Casanello, confirmado por la Cámara de Apelación, que obliga a la cartera a cargo de Sandra Pettovello a elaborar y ejecutar un plan de distribución de las casi seis toneladas de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. Para el Gobierno de Javier Milei este hecho puede considerarse como una “intromisión indebida del Poder Judicial en competencias propias del Poder Ejecutivo que afecta su capacidad de respuesta inmediata y su ejercicio de competencias en la distribución de recursos alimentarios”.

Para los abogados de Capital Humano la decisión del Juez Casanello, confirmada por la Cámara de Apelaciones, “resulta arbitraria toda vez que se aparta del derecho vigente y evidencia argumentos aparentes que en modo alguno justifican la intromisión del Poder Judicial en la esfera de competencia propia de la Administración Pública”. Y opina que “la competencia del Juez de grado -Casanello- se encuentra limitada, en todo caso, a la instrucción judicial tendiente a la investigación de la presunta comisión de un delito y a la adopción de medidas de seguridad vinculadas con el mismo” y resalta: “La orden efectuada se aparta de su competencia y termina en una intromisión en el ámbito de competencia propio del Ministerio de Capital Humano”.