El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, denunció corrupción y desmanejo de fondos en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores. "Se estima que solo en el último año se desviaron fondos equivalentes a U$S3.400 millones", denunció
Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad, encabezada por Diego Spagnuolo junto con el ministro de Salud, Mario Russo, realizó auditorías sobre las pensiones por invalidez. “Descubrieron una actividad fraudulenta a gran escala”, sostuvo.
En su conferencia de prensa, el funcionario detalló los números irregulares que, según denunciaron, corresponden a los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández: "A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios".
"Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares o catástrofes naturales", agregó.
“Del total de pensiones, 25.000 pertenecían a personas que están trabajando y 60.000 que presentan incompatibilidad de requisitos”, informó. Entre las modalidades fraudulentas, el vocero describió un caso en el que un médico adjuntó la radiografía de un perro para justificar una pensión por discapacidad solicitada.
"La radiografÃa tenÃa la cola de un perrito y le otorgaron la pensión por invalidez"
— Corta ð (@somoscorta) July 19, 2024
Tras una auditoria en la Agencia de Discapacidad, Manuel Adorni destacó que "un médico correntino adjuntó para una pensión la radiografÃa de un perro y se la dieron" y mostró la imagen. pic.twitter.com/WrslIzwLIZ
"En 2022, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó una radiografía de un perro como certificado para la obtención de una pensión por un 'trastorno de disco lumbar e hipertensión´”, ejemplificó.
Adorni explicó que, a cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez, también se le otorgó el servicio de la obra social Incluir Salud, "que representó una transferencia promedio desde el Gobierno Nacional a las provincias de $ 1.500.000 por afiliado".