Hubo tres llamados a reformar la Constitución tucumana en 40 años de democracia

En Tucumán hubo tres convocatorias por ley para reformar la Constitución provincial desde el retorno de la democracia en el país. Dos de ellas prosperaron y concluyeron en las modificaciones de 1990 y de 2006. En cambio la tercera, en 2002, se frustró por una denuncia judicial sobre que hubo legisladores que cobraron $ 2 millones para impulsar la enmienda. El escándalo de las coimas fue tal que la norma finalmente se derogó.

En 1988, el PJ y la UCR se pusieron de acuerdo y resolvieron reformar la Constitución, lo que se plasmó en la Ley 5.903, que declaraba la necesidad de la modificación y convocaba a elección de convencionales constituyentes, lo que sucedió el 5 de noviembre de 1989. Esos comicios fueron ganados por Fuerza Republicana. 

El periodista Juan Manuel Asís, en un artículo publicado en LA GACETA el 28 de noviembre del año pasado, recordó que en esa elección el bussismo obtuvo 33 bancas, el PJ consiguió 25 (que no participó de la redacción de la nueva Carta Magna), una la UCR (Carlos Muiño), y una la Ucedé (Pablo Calvetti). 

“El nuevo texto fue aprobado en 1990, pero el Poder Ejecutivo no quiso promulgarlo ya que el trámite fue judicializado por el peronismo. Además, hubo un enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Convención a raíz de discrepancias sobre cuándo debían entrar en vigencia las modificaciones aprobadas. Finalmente, fue la intervención federal (1991) la que avaló la nueva letra constitucional y la publicó en el Boletín Oficial de la Provincia”, escribió Asís.

La nueva Constitución establecía, entre otras cosas, la no reelección; una cámara legislativa con 40 representantes (Legislatura); dividía al territorio provincial en tres secciones electorales y mantenía la Ley de Lemas. Además, creaba la figura del vicegobernador y disponía una circunstancia particular: la prohibición de la reelección inmediata y cruzada (gobernador a vicegobernador y viceversa). También el texto incorporaba una institución nueva: el Tribunal Constitucional, un cuerpo desconocido y de origen europeo.

El segundo intento reformista fue escandaloso. Durante el gobierno de Julio Antonio Miranda (1999-2003), el 19 de febrero de 2002, se sancionó la Ley 7.194. Tenía sólo dos artículos, en el primero se declaraba la necesidad de la reforma total de la Constitución provincial: el segundo era de forma, comuníquese. Como había urgencia política por avanzar se la promulgó dos días después y el 26 de ese mes se la publicó en el Boletín Oficial (25.226). 

Sin embargo, no prosperó la intención reformista a causa de los dichos de un legislador respecto de que el titular del Poder Ejecutivo habría distribuido dinero para avanzar en la modificación de la Carta Magna y así disponer la reelección de todos los cargos políticos. La causa judicial la inició Ricardo Bussi porque escuchó decir a un parlamentario de Fuerza Republicana que el oficialismo había ofrecido recursos para impulsar la reforma. 

Luego, la esposa de un legislador declaró ante el entonces fiscal Anticorrupción (Esteban Jerez) que Miranda había pagado $ 2 millones en coimas para garantizar la enmienda constitucional. La Justicia llegó a pedir el desafuero de 27 parlamentarios que habían votado la reforma, solicitud que no prosperó por la negativa de la propia Cámara.

Finalmente, ya con José Alperovich en el Poder Ejecutivo, en 2004 se sancionó la Ley 7.469, que dispuso la reforma parcial del texto de 1990. La elección de los convencionales constituyentes se efectuó en febrero de 2006 con resultados contundentes en favor del oficialismo. El Gobierno consiguió casi el 70% de las adhesiones, conquistando 32 de las 40 bancas. No participó de la elección Fuerza Republicana porque rechazaba la incorporación de la reelección.

La Convención Constituyente, presidida por el ex gobernador Juan Manzur introdujo numerosas modificaciones, algunas de las cuales fueron objetadas en la Justicia, con fallos favorables. Entre las nuevas disposiciones figuraron la reelección de todos los cargos electivos -sin considerar el mandato 2003-2007-; el incremento de 40 a 49 del número de legisladores (19 por la capital, 12 por el Este y 18 por el Oeste); se les concedió rango constitucional al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo; se consagró la autonomía política y económica de los municipios, y “el derecho a la vida desde la concepción”, y se dispuso el sistema electoral de “acople”. 

Pese a que no hubo avances, aquella Carta Magna también estableció la implementación del voto electrónico, el “que se aplicará en forma progresiva según lo permitan las exigencias tecnológicas y económicas”.  De los 142 artículos de la Constitución de 1990, 83 no fueron modificados; se alteró el preámbulo y 40 artículos, se incorporaron 47 cláusulas nuevas y se suprimieron 10.