Hace 2 Hs
TREMENDO ANTECEDENTE. El atentado terrorista a la AMIA, un caso en el que la Justicia no dio respuestas.
En el marco de las discusiones que despierta la reciente iniciativa presentada por el Gobierno nacional para instaurar el Juicio en Ausencia, legisladores nacionales y funcionarios judiciales expusieron sus posturas en una ronda de diálogo, ayer en la Cámara de Diputados.
Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) fueron los encargados de anunciar hace una semana el envío de la iniciativa que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos. Durante la conferencia de prensa que encabezaron en Casa Rosada, Bullrich destacó que por primera vez esta iniciativa se impulsa desde el Poder Ejecutivo. “Nunca un Gobierno mandó un proyecto de juicio en ausencia”, dijo, por lo que consideró que esta decisión pone a la gestión libertaria “en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de justicia”.
En relación a la actividad que tuvo lugar ayer y se tituló “La necesidad de instaurar el Juicio en Ausencia para los crímenes del Estatuto de Roma”, el diputado nacional Pablo Yedlin aseguró que esta iniciativa “servirá no solo para terminar con la impunidad” de casos emblemáticos como el de la AMIA y “juzgar a los terroristas sino también a militares aun impunes de la última dictadura”.
En este sentido, Yedlin explicó que “el estatuto de Roma permite juzgar crímenes de guerra y de agresión, de lesa humanidad y genocidio aun cuando no hayan sido detenidos por la justicia o se encuentren en el exterior”. Por su parte, Margarita Stolbizer, una de las organizadoras del evento, agradeció a todos los presentes “de la política, de la Justicia, de la academia para que alcancemos los consensos necesarios para hacer los cambio procesales necesarios”.
De la Mesa de Diálogo participaron: los jueces Franco Fiumara y la camarista Marcela De Langhe. Los letrados son los primeros en defender la figura del juicio en ausencia.
Propuesta
El proyecto está planteado para delitos graves y desde la administración nacional remarcan que el primordial principio rector que persigue es el de “pasar de una justicia odiada por la sociedad” a una que sea “rápida, brinde soluciones concretas y sea respetada por todos”.
Además, sobre la iniciativa, detallan que el procedimiento que se pretende implementar “es razonable, justo y muy simple”. “Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia, con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue. Y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte”, remarcaron.
La última vez que el tema se debatió en el Congreso fue en 2019, durante la gestión de Cambiemos. En julio de ese año el proyecto llegó a tener dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tomándose como base uno presentado por Daniel Lipovetzky. También se discutió sobre iniciativas de los oficialistas de ese entonces Luis Petri, Pablo Tonelli y Jorge Enríquez.
Lo más popular
