La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se interiorizó en el estado de las causas abiertas por la muerte de la joven estudiante de Comunicación Social Paulina Lebbos, y se comprometió a hacer un seguimiento de las mismas para tratar de evitar que alguna de ellas prescriba. Lo hizo luego de entrevistarse durante 20 minutos con Alberto Lebbos, el padre de la víctima, con quien se reunió el martes en la Casa Histórica con motivo de la presencia del presidente Javier Milei por la firma del Pacto de Mayo en Tucumán .
Durante el encuentro, Lebbos le entregó una carta a Bullrich. La misma dice: “me dirijo a usted con el propósito de solicitarle disponga la intervención y gestión pertinente de su ámbito ante lo que constituye una grave y sistemática violación a los Derechos humanos básicos y atentado a la seguridad pública que ocurre en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán que conduce el doctor Edmundo Jiménez".
La nota continúa así: “mi hija Paulina Alejandra Lebbos el 26 de febrero de 2006 fue víctima de un brutal homicidio que está impune hasta este momento. Por ese terrible delito se hicieron tres juicios orales por los cuales resultaron condenados quienes eran jefes policiales y fiscal penal a cargo de la causa por los delitos de encubrimiento agravado. El 25 de febrero de 2019, por sentencia de la Sala Penal III, que condenó a los jefes policiales encubridores, también se dispuso la apertura de causas penales en contra de funcionarios públicos tucumanos involucrados en falsos testimonios, encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por ese motivo existen 27 expedientes en el Ministerio Público Fiscal que no registran avances ni investigación penal, con el riesgo de impunidad por prescripción de las causas penales”. “Adjunto a esta nota los antecedentes de la situación señalada que, reitero, constituye una grave violación al derecho a la verdad y a la justicia que están severamente conculcados. Y destaco que realicé numerosas gestiones en pos de lograr que se acate la sentencia mencionada sin obtener ningún tipo de respuesta”, agregó. La nota finaliza de esta manera: “con la seguridad de que usted sabrá disponer las gestiones orientadas a revertir tan brutal situación de violación de derechos humanos fundamentales, agradezco su amable atención y hago propicia la ocasión para saludarla muy atentamente”.
“La ministra me dijo que iba a hacer todo lo posible a su alcance para que esto se solucionara. Estoy cansado de pedir respuestas para las 27 causas que deberían estar siendo investigadas y no me contestan nada. Los asesinos de Paulina siguen libres y nadie hace nada”, se quejó Lebbos.
Hasta aquí la Justicia condenó por el caso al ex fiscal Carlos Albaca, a seis años de prisión, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, a la misma pena, al ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella (también a seis años de prisión), al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera (cinco años y cinco meses de cárcel), al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito (cinco años) y al ex policía Waldino Rodríguez (tres años de prisión condicional).
De todos los condenados por la muerte de Paulina, el único que está en la cárcel es el ex fiscal Albaca.
Durante el juicio de 2019, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macorito ordenaron que se investigue a 23 personas, entre ellas a la ex pareja de Paulina, César Soto, padre de la hija de la estudiante de Comunicación Social) y a Sergio Kaleñuk, quien fue funcionario del gobierno e hijo del ya fallecido Juan Alberto Kaleñuk, asesor del ex gobernador José Alperovich y ex jefe de Policía de la provincia. Ninguna de esas causas registran avances en la investigación. Además, entre las personas que la Justicia había ordenado que se investigue figuran los nombres del ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera; de la ex jefa del laboratorio de Toxicología, Lilia Moyano; de los ex comisarios Marcial Escobar, Luis Santana, Alfredo Jiménez, Rodolfo Maruf y Francisco Picón; del ex jefe de la Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza; de las amigas de Paulina, Virginia y Jimena Mercado; del taxista Juan Pedro Cruzado y del barrabrava de Atlético Tucumán Gustavo González; todos, por delitos vinculados con el encubrimiento, además de una decena de testigos que fueron acusados por falso testimonio.